¿Qué está pasando en Inglaterra con eso del Brexit? En realidad, nadie sabe, porque eso se ha vuelto un arroz con mango. Lo único seguro es que, al analizar la votación del referéndum del 2016, tanto hombres y mujeres votaron de manera similar, aunque las mujeres fueron un poquitico más propensas a votar para permanecer dentro de la Unión Europea.
Esta política pública afecta de manera desproporcionada a las mujeres trabajadoras que lideran sectores con salarios paupérrimos (como la manufactura de textiles), con el agravante de que lo primero que se elimina cuando hay que apretar el cinturón de la austeridad, son los servicios de casas de acogida para mujeres maltratadas.
Toda política pública afecta a las mujeres. Desde la ley de partidos hasta las leyes que regulan los hidrocarburos. No son sólo las leyes “de violencia de género” ni las políticas de cuotas de la mujer las que hay que revisar con perspectiva feminista. Tal y como dice el axioma de antaño, en toda mesa de discusión debe haber una feminista embromona (para no decir una malapalabra) preguntando “¿cómo afecta esto a las mujeres?”, porque si ella falta, lo masculino tiende a universalizarse. En el Brexit, ese axioma se materializa. La Fawcett Society, organización feminista más populosa de Inglaterra, y el Women’s Budget Group, especializado en analizar todas las políticas públicas con microscopio feminista, se embarcaron en la tarea de decodificar: ¿qué implica el Brexit para las mujeres?
Las conversaciones de la clase política y en los medios de comunicación suelen enfocarse en sectores de la economía donde los trabajadores son en su mayoría hombres. Escuchamos más sobre el impacto del Brexit en la minería, donde el 84% de los empleados son hombres, que en los sectores de salud y de servicios, dominados entre un 77% y 80% por mujeres.
Muchas de las protecciones que tienen las mujeres en Inglaterra vienen como una directiva de la Unión Europea o de la Corte Europea de Justicia. No habían activado el Artículo 50 (que inicia el proceso de separación), cuando el entonces Ministro para Brexit, Martin Callanan, argumentaba ante empresarios que había que eliminar, entre otras protecciones, la directiva de protecciones para empleadas embarazadas. “Es la única medida que podemos tomar en estos momentos para demostrarle al empresariado nuestro compromiso con el crecimiento económico”, expresó Callanan en octubre del 2017.
El reporte de la Fawcett Society y el Women’s Budget Group argumenta que, incluso en sus versiones más blanditas, el Brexit se traduciría en un déficit presupuestario y en un ajuste drástico del gasto público significativo. Eso agravaría una tendencia preocupante y peligrosa que viene exacerbándose en el Reino Unido: la clausura de casas de acogida para mujeres maltratadas y de centros especializados en materia de violación, para mujeres violadas.
Desde el año 2010, la austeridad ha obligado el cierre del 25% de las casas de acogida y el 50% de los centros especializados en violación en Inglaterra. Una mujer a quien se le cierra la puerta de una casa de acogida tiene tres opciones: encontrar alguna amiga o familiar “segura” que la reciba (a ella y a sus hijas/os) indefinidamente, enfrentarse a la indigencia o regresar a su agresor. Regresar a un agresor luego de dejarlo representa un peligro mortal. Para hacer el análisis comparativo, en la República Dominicana, hasta la fecha hay tres casas de acogida estatales, más dos en construcción; 52 oficinas provinciales y municipales del Ministerio de la Mujer, 24 unidades de atención y 12 fiscalías barriales de la Procuraduría de la República. Que todas tengan personal especializado en violencia contra la mujer es otra cosa, pero resulta alentador que el Estado dominicano busca expandir estos centros de atención, mientras que otros países parecen querer erradicarlos.
En Inglaterra, el 50% del financiamiento de estos centros viene de fondos estatales. Pero en octubre del 2017, el Estado inglés anunció que planea eliminar ese financiamiento centralizado y dejar servicios tan importantes a merced de los municipios para que cada uno determine cuánto aportarán… si quieren financiarlos. Irónicamente, la propuesta viene incluida dentro del Anteproyecto de Ley de Abuso Doméstico.
“Las mujeres más marginalizadas son las que corren el riesgo más alto con el Brexit. Pero, ¿se acordarán de ellas a la hora de negociar? Lo dudo”, expresó la directora ejecutiva de la Fawcett Society. Si no les ha importado clausurar casas de acogida pre-Brexit, ¿qué indicios hay de que les importe en el post? Ninguno.
