Recién la pasada semana los medios de comunicación informaban que cientos de personas, especialmente envejecientes, se aglomeraban en el Centro de Atención al Usuario en busca de la tarjeta Supérate, anunciada por el actual Gobierno, para poder obtener el monto de al menos 825 pesos al mes que la Administradora de Subsidios Sociales entregaba anteriormente por conducto del programa Solidaridad. Varios de los reclamantes denunciaban que llevaban hasta tres meses sin cobrar, que habían dado varios viajes y gastado en pasaje sin que se les resolviera y que no recibían respuesta alguna a sus quejas. El responsable gubernamental explicaba que se encontraban desbordados por el número de reclamantes que acudían en busca de la nueva tarjeta.
En su editorial del pasado viernes el Listín Diario escribía: “El subsidio mensual que el gobierno viene ofreciendo a los pobres desde hace varios años, antes conocido como Solidaridad y ahora como Supérate, constituye una de las más apreciadas medidas de remediación de la pobreza”, y a seguidas añadía, que los poderes públicos no podían permitir que un programa estrella, como lo fue Solidaridad, se desenvolviera “en medio del caos y de la incertidumbre de los favorecidos”.
El programa Solidaridad fue la respuesta que el gobierno de Leonel Fernández dio a la profunda crisis económica que se desató en el 2003 con la quiebra de tres de los principales bancos del país. En ese año la inflación se disparó, el precio del dólar se encareció y alcanzó niveles nunca vistos y, sobre todo, 1 millón 500 mil personas de clase media fueron lanzadas a la pobreza. Por tanto, dada la urgencia, desde que ganamos las elecciones el 16 de mayo de 2004, el presidente me pidió encargarme del Gabinete de Políticas Sociales y de buscar remedios para enfrentar la grave situación social por la que atravesaban los sectores más necesitados.
En cumplimiento de ese mandato, pocos días después de recibirlo organizamos un equipo técnico que con trabajo cotidiano, dedicación y entusiasmo diseñó lo que sería el futuro programa de Solidaridad, un mecanismo de protección social que consistiría en la asignación de una suma mensual a hogares pobres para la adquisición de alimentos, el cual respondería al nombre de Comer es Primero, y que estaría acompañado de un incentivo monetario para promover la asistencia escolar de niños y jóvenes de esos hogares. Solidaridad fue concebida como una transferencia condicionada, lo que obligaba a sus beneficiarios a cumplir con los planes de prevención sanitaria ofrecidos por las autoridades de salud, a inscribir y velar porque sus hijos tuvieran una asistencia regular en la escuela y a participar en cursos de centros públicos de formación técnica que les permitieran ingresar al mercado de trabajo.
Desde luego, para poder aplicar Solidaridad necesitábamos identificar a los hogares pobres del país. No se trataba de una acción clientelar con fines de favorecer a los miembros del partido gobernante o a la primera persona que nos extendiera la mano, lo que nos obligó a esperar el 16 de agosto, una vez juramentado el nuevo gobierno, para iniciar un levantamiento en los barrios carenciados de las ciudades, cuya ejecución confiamos a iglesias y organizaciones comunitarias. Debido a la magnitud de la tarea nos concentramos en un plan piloto que ubicamos en un área aledaña al río Ozama para censar a una población limitada que pudo recibir su tarjeta, en forma ordenada y sin apuros, tan temprano como el 20 de septiembre.
A partir de esta última fecha, mes tras mes, sin interrupciones, la banca distribuiría las tarjetas de débito, que vendrían a tener el logo de Solidaridad a comienzos del año 2005, en reuniones cuidadosamente organizadas por los responsables del programa en las cuales, personas previamente identificadas y citadas, acudían a recibirlas, en recintos techados, con desayuno o merienda incluidos, llamadas en orden alfabético y amablemente tratadas.
Lamentablemente, la exitosa experiencia no quiso ser aprovechada por las nuevas autoridades. ¿Por qué? La respuesta está en el título de este escrito. El “adanismo”, típico no solo de la República Dominicana, sino de casi todos los países latinoamericanos. Conforme a este síndrome, el nuevo funcionario se conduce como si antes de él nada hubiera existido, él es Adán, el primer hombre, y con él todo debe comenzar. Solidaridad nunca existió y como tal no puede servir de ejemplo y guía para Supérate, que al decir de las presentes autoridades es la primera vez que en el país se pone en marcha un programa de erradicación de la pobreza.
Es una lástima, porque con esta conducta los logros y enseñanzas del pasado no son aprovechados, y el hombre y la mujer del pueblo tienen que sufrir estas improvisaciones, mientras en sus angustias recuerdan a Solidaridad, programa difícil de olvidar, aunque se le quiera disfrazar con otra etiqueta.
