En la entrega anterior, intentamos resumir y ponderar las ejecutorias más relevantes que marcaron el sistema educativo dominicano en el año que recién terminó. En tal sentido, destacamos las entregas de nuevas aulas, el lanzamiento del programa República Digital, la integración de decenas de distritos escolares a la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela y el recién completado proceso de evaluación del desempeño docente, entre otras iniciativas.
En ese orden, recordemos que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), como es su tradición, dejó sentir su fuerza gremial y política, interrumpiendo la docencia y el proceso de formación de los docentes, exigiendo múltiples reivindicaciones. En marzo, se arriba a negociaciones que cierra el período de huelgas y deja a nuestros maestros con un aumento de un 10%, que fue aplicado en el mes de agosto; un viático mensual para los docentes de las zonas rurales; reconocimiento de licencias pre y postnatal y el compromiso de la igualación gradual de salarios entre niveles del sistema.
Por otro lado, los resultados del país en las Pruebas PISA fueron un tema muy discutido por meses. Si bien es cierto que estos resultados fueron en general muy pobres, lo cual es preocupante, su análisis no es una cuestión simple. Constituye un ejercicio estadístico, educativo, sociocultural y político, complejo, que amerita profundidad de los hacedores y ejecutores de políticas públicas. Comentamos en su momento: “…es un riesgo evaluar resultados nacionales de manera aislada sin entender la escuela y el proceso social que constituye la educación”. Para concluir, queremos recordar temas que quedaron pendientes y siguen siendo desafíos importantes del sistema. No se logró estabilizar el pago a suplidores de alimentos, lo que eventualmente vulnera la ejecutoria de la modalidad de Jornada Escolar Extendida. Asimismo, el sistema conserva una abultada nómina con puestos de personal no docente en muchas escuelas, manteniendo la imagen de una de las carteras más clientelares de la administración pública dominicana. Por otro lado, sigue pendiente la revisión y reforma del sistema de pensiones y jubilaciones. En un artículo anterior resaltamos que el gasto en este rubro alcanzará el 29% del presupuesto del 2025, lo que constituye una amenaza para la sostenibilidad del sistema (Calidad del Gasto Educativo, Informe Educa, 2016). Seguiremos vigilantes de este proceso de reforma educativa; siempre con una mirada crítica, no complaciente, pero a la vez respetuosa y comprensiva que nos permitirá “construir juntos respuestas y soluciones”.
