El pasado domingo 9 de marzo el presidente Luis Abinader estuvo en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, donde ejecutó la acción del Gobierno que más le emociona, según lo confesó él mismo en su rendición de cuentas del 27 de febrero: la entrega de títulos de propiedad.
Le emociona, dijo el mandatario, porque: “Cuando les entrego sus títulos a las familias y veo su felicidad, muchas veces incluso sus lágrimas, siento que eso es cambiar de verdad la vida de la gente y que todo lo que hacemos, merece la pena”.
Efectivamente, y en esto coincidimos plenamente con el presidente de la República, un título de propiedad ofrece tranquilidad, da seguridad jurídica respecto a la parcela o vivienda, incrementa el valor de los inmuebles y permite acceso al crédito formal a través de las entidades financieras del mercado.
Además de que se avanza en la eliminación de la informalidad de la tenencia de la tierra, garantiza el disfrute del derecho a la propiedad, que tiene rango constitucional, y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
Conceder a los productores la titulación de sus tierras les permite también planificar sus procesos de siembra con la certidumbre de que nadie los va a venir a desalojar por ningún motivo.
De ahí que celebramos que se haya hecho frecuente, principalmente los fines de semana, la entrega de títulos de propiedad por parte del presidente, que, durante sus mandatos, de acuerdo con lo informado, ascienden a 197,951, de los que en 2024 se emitieron 58,496.
Ayer en el municipio de Esperanza, se entregaron 819, de un proyecto de 1,955, lo que impactará a 7,820 personas. Un hecho relevante es que los trámites para la titulación son gratuitos, por lo que el productor o residente no debe dar, por lo menos a las entidades gubernamentales involucradas, ni un centavo durante el proceso.
La titulación de tierras, por su gran impacto social, debe seguir siendo una política fundamental del Gobierno, lo que es el mejor estímulo a la producción y para el campo es la manera de que se genere un renacer que permita resolver problemas estructurales, como evitar el éxodo rural a las ciudades, atacar las raíces de la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.
