Casi en paralelo al conocimiento del informe del departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, ocurría en Villa Altagracia el brutal asesinato de dos esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz Marte, practicantes cristianos, y heridos dos acompañantes por no menos de 24 disparos descargados por agentes de la Policía.
La acción ocurre en medio de la celebración de la Semana Santa, y la indignación de la población ante un hecho tan aleveso no podía ser menor. El propio presidente de la República Luis Abinader se quejó amargamente de semejante crimen.
Precisamente, el informe del departamento de Estado de Estados Unidos empieza hablando de las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de agentes de la Policía Nacional como “un problema”. Pero el informe habla, “según datos del gobierno”, de más de 3.000 personas muertas durante enfrentamientos con la Policía o las fuerzas de seguridad entre 2007 y marzo de 2019.
Pero la realidad es que en la generalidad de los casos, lo que ocurre es que la Policía asesina a personas inocentes.
Los hechos de Villa Altagracia confirman la terrible realidad que sufren los dominicanos. Y es una cuestión que se ha convertido en un proceder que delata a la Policía como multiplicadora de la violencia.
Por momentos quisiéramos creer en los cantos de sirenas que nos hablan de la “transformación policial”, pero solo hay que esperar que pasen los días para descubrir que estamos en los lugares comunes, ante la misma conducta y los mismos agentes violentos que disparan y después averiguan, como ocurrió en Villa Altagracia. Acribillaron a esos inocentes sin la menor previsión, ninguna orden de detención, bajo el supuesto de que eran unos perseguidos procedentes de Bonao. En todo caso, correspondía la instrucción de detención y no de disparar con tanta saña. Una brutalidad.
Nuestro más vibrante repudio a ese asesinato tan cobarde por unos miedosos e irresponsables agentes policiales.
