En República Dominicana mueren más personas en accidentes viales que por armas de fuego, según la Oficina Nacional Estadística.
Las cifras alarmantes casi siempre ocupan los primeros planos cuando ocurren tragedias como la de la madrugada del domingo en una comunidad de Azua, con seis personas fallecidas y más de 30 lesionadas cuando un camión cargado de aguacate que iba a Santo Domingo atropelló a una multitud que se divertía a orillas de la carretera Francisco del Rosario Sánchez.
Tras esta tragedia veremos cuántos días permanece en agenda el debate de lo que constituye una real pandemia con la que el país parece decidido a convivir mientras las autoridades, que no han sido indiferentes, no consiguen reducir.
En algún momento habrá que encarar la situación con la debida seriedad, y dejar de rasgarnos las vestiduras con números espantosos, como el promedio anual que supera tres mil muertes confirmadas y más de 10 mil lesionados.
Esto sin el subregistro estadístico que eleva de 5,000 a 6,000 las muertes anuales en República Dominicana por esta causa, pues se calcula que de 1,500 a 2,000 personas fallecen tras estar largo tiempo ingresadas por un accidente de tránsito, no contabilizadas en la lista general de fallecidos por año.
Cada accidentado le cuesta a la salud pública entre 300 mil a 700 mil pesos por día en cuidados intensivos.
También hay otras características del dominicano, que en vehículos de dos ruedas parece creerse inmortal y no respeta semáforos, aceras ni dirección de la vía, por lo que la mayor cantidad de muertos en accidentes viales son, precisamente, motociclistas.
Igualmente, una inmensa mayoría de conductores de carros, de guaguas y de camiones cree que las reglas de tránsito son para los otros.
Que la tragedia de Azua sirva, más que para teorizar y discutir, para implementar más iniciativas prioritarias, entre ellas, vigencia plena de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sanciones concretas y multas más cuantiosas, porque las actuales, pese al alcance de la legislación, son insuficientes.
El drama de los accidentes viales debe abordarse en su real contexto, no solo como un problema de tránsito sino de salud pública, con gravísimas implicancias sociales y económicas, que exige cambiar una cultura de manejo, severas pruebas para otorgar licencias y castigar cada infracción, por mínima que sea, con ejemplar dureza.
