Al concluir este año, si se mantiene la tendencia de crecimiento del primer semestre con respecto al mismo período de 2023, el Gobierno terminará pagando RD$80,378 millones por concepto de pensiones y jubilaciones a personas “que se desempeñaron como funcionarios públicos o trabajaron como empleados públicos” y beneficiarios de pensiones solidarias, lo que representó un aumento de 1,463% con relación a los RD$5,141 millones pagados en 2004. Ninguna otra variable macroeconómica relevante ha crecido tan rápido en 2004-2024 como el pago de pensiones y jubilaciones realizado por el Gobierno. El PIB y los ingresos tributarios nominales, por ejemplo, durante el mismo período crecerán en 696% y 818%, respectivamente. Eso explica el porqué mientras en 2004 el gasto de pensiones y jubilaciones del Gobierno representaba 0.55% del PIB, este año alcanzaría 1.08%, prácticamente el doble. Nos permite comprender también el porqué mientras hace 20 años los pagos de pensiones y jubilaciones absorbían el 4.38% de los ingresos tributarios, en 2024 terminarían absorbiendo el 7.46%.
Los números reflejan una creciente sensibilidad social del Poder Ejecutivo, la cual se ha traducido en ajustes en los valores nominales de las pensiones pagadas por el Estado dominicano a quienes en el pasado fueron servidores públicos. Este comportamiento del Ejecutivo es parcialmente entendible si reconocemos que los precios de los bienes y servicios que se consumen en el país e incluidos en el cálculo del índice de precios al consumidor (IPC) han aumentado en 150% entre 2004 y 2024. El crecimiento cuasi-exponencial de 1,463% en el pago de pensiones y jubilaciones llevaría a pensar que el nivel de sensibilidad social que ha exhibido el Ejecutivo es mayor que el que se derivaría del ajuste necesario de las pensiones a los pasados funcionarios y empleados públicos para compensar por el efecto corrosivo que ha tenido la inflación en el poder de compra de las pensiones nominales.
Todo apunta a que el exceso de sensibilidad social del Ejecutivo que observamos desde hace años, en parte tiene su origen en la decisión de este de conceder “pensiones” especiales a personas que nunca se desempeñaron como empleados públicos. Cuando se lee con detenimiento la Ley 379-81 que estableció el nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y empleados públicos, se observa que dicha ley no contempla la posibilidad de que el Gobierno conceda pensiones a personas que no laboraron en el Estado. La Ley 379-81 describe de manera muy precisa los requisitos para que un funcionario o empleado civil del Estado sea merecedor de una jubilación con una pensión vitalicia del Estado equivalente al 60%, 70% u 80% del salario mensual promedio de los últimos tres años, para los que laboraron durante 20, 25, 30 o 35 años en una o varias entidades del Estado, cuando el empleado haya alcanzado la edad de retiro (60 años o menos si ha laborado 35 años). Establece también los requisitos para que un funcionario o empleado civil del Estado sea beneficiado con una pensión por discapacidad. La Ley dispuso también la creación de Fondo para el pago de Jubilaciones y Pensiones Civiles para Funcionarios y Empleados Públicos (FJPE), el cual se nutre con aportaciones del 4% del salario de los funcionarios y empleados públicos que ganasen en aquel momento más de RD$400.00 mensuales y 2% del salario para los que ganaban menos. A esos aportes al sistema de reparto del FJPE para funcionarios y empleados civiles del Estado se agrega el aporte anual que para estos fines fije el Gobierno Central en la Ley de Gastos Públicos de cada año fiscal.
He revisado varias veces la Ley 379-81 y no he podido encontrar alguna rendija que permita otorgar una pensión del Gobierno Central a alguien que nunca haya laborado en el Estado. La única ley que autoriza el otorgamiento de pensiones del Gobierno a personas que han laborado en el sector privado es la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social, la cual permite la entrega de pensiones solidarias. Estas empezaron a entregarse a principios de diciembre de 2019, cuando se otorgaron 1,176 pensiones solidarias de RD$6,000 cada una. A junio de este año, se otorgaban 48,335 pensiones solidarias que llevaron a un desembolso en ese mes de RD$290 millones.
La práctica de otorgar “pensiones especiales” al margen de la Ley 379-81 de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano y de la Ley 87-01 de Seguridad Social no es nueva y, por tanto, no podemos afirmar que esta refleja un exceso de sensibilidad social exclusivo de la presente administración del PRM. El otorgamiento de pensiones del Gobierno Central a personas que toda su vida se desempeñaron en el sector privado realizando actividades profesionales y artísticas, entre otras, se inició en las administraciones del PLD del período 2004-2020. Profesionales que se desempeñaron en el sector privado, artistas, músicos, periodistas, locutores y otros de oficio no identificado, han sido beneficiados por pensiones que, en algunos casos, son casi 30 veces mayores que la pensión solidaria de RD$6,000 que establece la Ley 87-01.
Posiblemente la mayoría está de acuerdo en que a nuestros atletas que han puesto en alto el nombre de la nación en el extranjero (excluyendo a los beisbolistas y basquetbolistas profesionales) se les otorgue una pensión especial, más aún si se tiene en cuenta que la mayoría provienen de hogares pobres y que la remuneración que pudieron haber recibido en sus años de juventud y práctica del deporte no les permitió acumular suficiente ahorro previsional para garantizarle una pensión razonable durante el retiro. El fuerte crecimiento que se observa en el pago de pensiones y jubilaciones deja entrever que la práctica de conceder pensiones del Estado a personas que nunca fueron empleados públicos se ha intensificado, llevando el gasto en pensiones a 1.08% del PIB, un nivel alarmante para un país con una presión tributaria de apenas 14.5%.
En un momento en que el Gobierno dominicano va a requerir de un mayor aporte de recursos de la población a través de una reforma fiscal que será presentada en los próximos días, recibiría muy buena acogida la creación de una Comisión de Depuración de las Pensiones y Jubilaciones del Estado Dominicano a fin de eliminar todas aquellas pensiones que han sido concedidas al margen de lo que establece nuestro marco legal. Constituye una aberración gigantesca el hecho de que funcionarios públicos que exhibieron un elevado nivel de eficiencia, capacidad y honestidad durante más de 30 años de labor continua en el Estado y aportaron mensualmente el 4% de su salario al FJPE, reciban hoy día una pensión mensual de RD$35,000, mientras que muchos que nunca trabajaron en el Estado pues lo hicieron en el ámbito privado y por tanto, no cotizaron un porcentaje de su salario al FJPE, reciban hoy día, como maná caído del cielo a través de un decreto del Ejecutivo, una pensión de RD$50,000 mensuales o más.
Si la mayoría de los dominicanos, a través de un referéndum, estuviese de acuerdo en que de los impuestos pagados al Estado este tome una parte para otorgar pensiones vitalicias a personas que laboraron en el sector privado, podría aprobarse una ley que autorice al Poder Legislativo a otorgar las pensiones que el Ejecutivo les presente para su ponderación y aprobación, luego de que el Consejo de Asesores Fiscales (CAF) con asiento en el Ministerio de Hacienda que tendría la responsabilidad de analizar la viabilidad financiera de cualquier gasto público haya dado su visto bueno. Este Consejo de Asesores Fiscales debería crearse cuando se apruebe la ley que fusione al Ministerio de Hacienda con el de Economía, Planificación y Desarrollo. Nótese que hemos resaltado que es el Poder Legislativo quien debe aprobar el listado de pensiones especiales a ser otorgadas, lo que se incluiría en el proyecto de Presupuesto General del Estado de cada año. Estas pensiones especiales, sin embargo, en ningún caso deberán sobrepasar el tope de 5 veces la pensión solidaria establecida en la Ley 87-01 (RD$6,000). Si queremos ser más esplendidos o generosos, el CAF recomendaría al Ministerio de Hacienda y Economía el aumento de impuestos que sería necesario para viabilizar nuestra generosidad.
