Educación es un referente para examinar dos aspectos centrales de cualquier reforma: las precisas programaciones de los cambios y las inversiones correspondientes. 21 años transcurrieron entre las muy ponderadas programaciones para las transformaciones en la educación preuniversitaria en el país y las inversiones correspondientes al 4 % del Producto Bruto Interno-PIB-; es decir, desde el año 1992 hasta el 2013 cuando se comienza a cumplir con una inversión establecida hasta por ley.
¿Qué hubiese sido de la educación dominicana hoy, de haber aplicado a partir del 1992 la inversión que ya desde entonces era lo común en muchos países del mundo y de la región?
Pero… ¡Mucho cuidado! No se trata sólo de programación e inversión, hay aspectos de la ejecución que para muchos entendidos, sino se asume desde la gerencia en su enfoque académico y práctico, bien podrían ser dilapidados los recursos que se pudiesen disponer. Educación de nuevo vuelve a ser un referente en ese sentido pues entendemos que pocas personas afirmarían que de 7 años de aplicación del 4 % se haya ejecutado eficazmente la inversión, especialmente al vincularlo con los desastrosos resultados de las evaluaciones tanto nacionales como internacionales al término de ese período.
Se conforman diligentemente las mesas temáticas en el actual Diálogo Nacional y como es tradición hay un gran entusiasmo de las y los protagonistas. Pero, hay que ir ponderando seriamente las fuentes de las inversiones requeridas. Desde el tema de agua, salud, así como seguridad ciudadana y reforma policial entre 15 temas-problemas que se abordan para no citarlos todos, son considerables las inversiones que se requieren.
Al hablar de las ineludibles inversiones para las reformas en curso, hay que tener muy presente la situación de las finanzas públicas. Su real disponibilidad de acuerdo a estudios nacionales e internacionales como resultado de los correspondientes impuestos, es aproximadamente el 14 % del PIB, llamada presión fiscal; no olvidar que: el país es el penúltimo en la región en cuanto a presión fiscal, siendo el promedio para América Latina y el Caribe de un 23 % y el de los países desarrollados del 34 %. Lo que explica el déficit por décadas de las finanzas públicas junto al indetenible endeudamiento que lo ha acompañado.
Si se proyectan los recursos requeridos comenzando con salud, muy por debajo de los promedios regionales como inversión en el área, las reformas en curso en su conjunto demandarían en su proceso de ejecución como adicional al menos del 8 % del PIB. Sin los correspondientes recursos para las actuales iniciativas de reformas las mismas devendrían -por lustros- en no más que renovados ejercicios reflexivos.
