He sostenido que para estar en condiciones de elaborar un plan de seguridad ciudadana es menester elaborar un diagnóstico que revele el tipo y la fisonomía real de los delitos que están contribuyendo al incremento de la inseguridad.
Varios métodos pueden emplearse para constatar esta realidad.
En primer lugar tenemos las estadísticas policiales y judiciales.
Las primeras ayudan a planificar las medidas que pueden implementarse en sectores con mayor índice de crimen identificando; principalmente, el horario, el lugar, el tipo de delito de mayor incidencia y el modus operandi de los delincuentes.
Las segundas permiten conocer, entre otras cosas, cuáles son los delitos de mayor judicialización o los de menos interés para los afectados.
Reconociendo que, en muchas ocasiones, ni la policía ni la justicia disponen de todos los datos que se necesitan y, tomando en cuenta, que esos datos pueden ser manipulados para mejorar la percepción generalizada de un ambiente inseguro o para llevar la falsa idea de eficiencia; es necesario acudir a otros recursos que lleven a un correcto diagnóstico sobre la realidad.
Se pueden realizar, por ejemplo, encuestas de victimización que permitan obtener datos precisos y confiables respecto de las formas y la magnitud que tiene el delito, en un contexto social determinado. Este tipo de encuestas dan acceso a información directa de la población y garantizan la obtención de datos, más cercanos a la realidad, pues incluso abarcarían casos nunca reportados a la autoridad (cifra negra) amén de evitar el inconveniente derivado de las omisiones (voluntarias e involuntarias) en las estadísticas oficiales.
De igual forma, contribuyen al conocimiento de una realidad más cercana; las encuestas de autoinculpación en las que los entrevistados son los propios delincuentes quienes, de manera confidencial y anónima, revelan importantes datos como la cantidad, formas y tipos de delitos cometidos y no descubiertos o denunciados e incluso sus causas sociológicas.
Habiéndose levantado toda la información pertinente, se podrá diagnosticar cuáles son los verdaderos males que medran la seguridad ciudadana.
No sería necesario, como ocurre con frecuencia, que las autoridades políticas y administrativas acudan a soluciones inmediatas que procuran, en vano, disminuir el miedo difuso al crimen y no terminar con la raíz del problema. Se podría elaborar un buen plan a corto, mediano y largo plazo para restablecer la seguridad deseada. Pasando, entonces, de la percepción a la realidad.
