El llamado populismo punitivo, que surge a consecuencia del miedo difuso al delito, distorsiona el papel que deberían jugar los políticos frente al problema de la inseguridad.
Los políticos, movidos por alcanzar o permanecer en el poder, viven atados al inmediatismo. El día a día es determinante en la construcción de sus planes y ello gravita en desmedro de un plan de seguridad ciudadana efectivo.
En ese contexto, no es extraño ver como se toman medidas efectivas sólo a corto plazo, ya que ellas resultan más populares y suelen interpretarse como muestras de una aparente fortaleza. En el pensamiento de los políticos es más importante lo espectacular de una decisión en tanto pueda evitar que la oposición o la prensa les tilden de flojos o permisivos.
David Garland, en su libro la Cultura del Control, afirma que el político “…actúa en el marco del horizonte temporal de la competencia electoral, a la luz de la publicidad obsesiva de los medios masivos de comunicación y se basa fundamentalmente en un saber “político”… más que en la experiencia organizacional o los resultados de la investigación científica. Las iniciativas políticas … son frecuentemente reactivas, desencadenadas por eventos particulares y deliberadamente partidistas”.
Este tipo de iniciativas, generalmente construidas alrededor de casos que, aunque impactantes, no dejan de ser concretos y atípicos; se focalizan más en ajustarse a una ideología política y a la percepción popular que al conocimiento experto o a las capacidades técnicas de que disponen las instituciones. Por eso no suelen alcanzar el éxito o, al menos, no logran la efectividad necesaria.
Cualquier decisión tomada bajo ese esquema será hija de la pasión y de la improvisación. Estará condenada a un rotundo fracaso y provocará sus naturales reacciones.
Surgirán, entonces, nuevos miedos y nuevas críticas, seguidas de nuevas iniciativas inmediatistas y temporales: el círculo vicioso de la eterna improvisación y del populismo político.
Sin que se caiga en cuenta de que la solución está más en evitar el delito (prevención), que en combatirlo, los platos rotos los habrá de pagar el sistema de justicia penal; (policías, fiscales y jueces), cuya eficacia es puesta en duda llegando a considerarse un elemento principal del problema de la inseguridad ciudadana más que de su solución.
