En estos días los ánimos están caldeados con el tema haitiano. Se han registrado varios hechos delincuenciales en esta semana cometidos por haitianos en suelo dominicano y hasta se están difundiendo en las redes sociales unas campañas iniciadas por jóvenes haitianos con mensajes despectivos y de desprecio hacia la República Dominicana.
Ante estas peligrosas manifestaciones, esos comunicadores que diariamente hablan del tema haitiano para exacerbar el odio hacia República Dominicana y vender el país como xenófobo para satisfacer intereses particulares, hacen caso omiso, incurriendo en un revelador silencio cómplice.
Y aunque uno a veces se pregunta ¿Qué más tiene que hacer Haití, cuántas banderas dominicanas tienen que quemar los haitianos y cuántos ciudadanos dominicanos tienen que agredir, cuantas campañas de “no viajen a República Dominicana” y cuántas humillaciones públicas para que estas personas antinacionalistas despierten? Hay que entender que no se trata de eso, sino de traidores a la patria con una agenda especial que nada tiene que ver con el bienestar colectivo.
Por tales motivos es que toca a las empresas productoras y a los medios ser más responsables con lo que promueven. Que un canal tenga personas todo los días incentivando el conflicto entre República Dominicana y Haití, no es libertad de expresión sino traición a la patria, y en virtud de la libertad de expresión no se debe permitir que se afecte un bien mayor que es la seguridad del país y de los dominicanos.
De todas formas hay que destacar algo importante: Si los medios siguen lavándose las manos con aquellos que tienen esta lucha sistemática para provocar una crisis con fines anexionistas, no estamos desamparados porque tenemos Ley y debemos usarla.
Cuando hablamos de “traición a la patria” no es una frase populista sino una forma coloquial de señalar un delito contra la seguridad exterior del Estado tipificado en el artículo 76 del Código Penal que dice lo siguiente: “Toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga o trate de ponerse de acuerdo con Estados extranjeros o con sus agentes, o con cualesquiera institución o simples personas extranjeras, para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el Gobierno que la represente, o que se les hostilice en alguna forma, o que, contra las disposiciones del Gobierno, se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado o en la de cualquier institución del mismo, o que se preste ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos”.
