Consejo Nacional de Magistratura: hora de la verdad

El presidente Luis Abinader realizó la primera convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura, un llamado que acompaña nuevos retos, cambios en la estructura misma del órgano y que cuenta entre sus objetivos el principal reclamo del primer mandatario para la reforma constitucional que operó en el año 2024, la de un Ministerio Público “independiente”.

Ya adelantamos en los análisis realizados a la propuesta de reforma y, finalmente, a la pieza que fue aprobada por la Asamblea, que la cacareada independencia no provenía de la forma de elección ni su modificación, en esos términos, garantizaba el objetivo buscado, pero ahora veremos, en buen dominicano, “si es chicle que mastica la chiva”.

El nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora incluye en su conformación la exclusión del o la titular de la Procuraduría General de la República y la inclusión del Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, ahora cuenta entre sus atribuciones la elección, a propuesta del Presidente de la República, de la cabeza del Ministerio Público y la mitad de sus adjuntos, dicha designación por un período de dos años, con carácter de inamovilidad.

El presidente seguirá siendo quien señala a la cabeza del órgano persecutor del crimen, con el añadido de que su designación requerirá de la “beatificación” del Consejo Nacional de la Magistratura, insistimos de aquí no brotará, mágicamente, la independencia, sin la autonomía funcional, sin disponer de un presupuesto adecuado a las necesidad de este órgano constitucional, en fin, atado de pies y manos y con una independencia efímera y de papel.

Resulta poco probable, por no decir imposible, que la persona propuesta por el presidente Luis Abinader no sea ratificada, variamos la ecuación pero obtendremos el mismo resultado, a fin de cuentas, lo que pesa en estos casos es la voluntad que se tenga de designar un buen incumbente, con la capacidad para dirigir el órgano, que se le dé la autonomía y libertad para realizar su función y que reciba la evaluación por parte de los ciudadanos y de los actores correspondientes, pero esta fórmula no contiene un discurso impactante por lo que no fue mínimamente estudiada.

El Consejo Nacional de la Magistratura primero pasará por el trámite de autorregular su procedimiento interno para las nuevas atribuciones, reformando de esta forma su reglamento interno, primer paso para luego toparnos con el escarceo directo de la ansiada primera elección del procurador o procuradora, mediante el nuevo formato.

La tarea no se queda en la elección, que evidentemente eclipsará cualquier otra designación, sino que el Consejo debe llenar las vacantes directas de jueces de la Suprema Corte de Justicia dejadas por el actual presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y la renuncia de Blas Fernández, junto a ellos la evaluación de varios jueces del máximo órgano de justicia.

En dos años evaluaremos el desempeño del órgano y nos toparemos con una realidad parecida, amén de los cambios que conlleva la eventual incorporación del Ministerio de Justicia y sus funciones en el aparato estatal, los cambios o la estática de la política criminal local y muchas inquietudes que no encuentran respuesta en la variación operada.

La “independencia” pregonada nos acabará preocupando si acaba acentuando la actual independencia que tiene el Ministerio Público de los preceptos del debido proceso, si conlleva además una dificultad manifiesta en la movilidad de su incumbente, recordemos que el librito de “lawfare” indica que la dirección de las acciones en justicia cambia cuando se avecinan cambios en el tren gubernamental.