Eso es lo que pensaría alguien de los residentes de la capital, si desde arriba, observa las imágenes aéreas que un dron podría tomar de la superficie del Distrito Nacional.
Nos movemos debajo de una telaraña gigantesca construida con miles de kilómetros de cables de transmisión de servicios de electricidad, telefonía, telecable e internet. Tómese un sábado o domingo en la mañana, cuando el congestionamiento del tráfico es menos intenso y recorra durante tres o cuatro horas la capital, y observe durante todo el recorrido la telaraña de cables que hemos construido en el techo de la capital.
La excesiva contaminación visual que la telaraña genera es el resultado de un serio déficit de planificación urbana que arrastramos de antaño. También de la gran escasez de emprendimientos creativos para, gradualmente, desmontarla. Es producto, finalmente, de no reconocer que dentro de la función de bienestar de las personas y las sociedades, el tener acceso a una ciudad limpia, organizada, y visualmente descontaminada y, por tanto, más hermosa, constituyen factores que deben ser añadidos al tradicional consumo de bienes y servicios que incorporamos los economistas en las funciones de utilidad cuando tratamos de explicar el comportamiento del consumidor.
El cableado aéreo, además de contaminar la visual de nuestras ciudades, acarrea costos que debemos ponderar, como el costo de mantenimiento preventivo de las redes que enfrentan las empresas de transmisión y distribución de electricidad; los costos que las alcaldías asumen al podar anualmente los árboles, más aún en geografías sujetas al paso de huracanes. En adición a lo anterior, el cableado aéreo tiende a reducir la eficiencia y calidad de los servicios que se transmiten por los cables, debido a las interferencias provocadas por el cruce de cables y la reducida distancia entre unos y otros con que en ocasiones son colocados.
Con cables de electricidad soterrados las pérdidas que asumen las empresas de electricidad derivadas de las conexiones fraudulentas tenderían a ser menores. Un cableado soterrado, al reducir el número de postes de hormigón, contribuiría a reducir la tasa de accidentes por colisiones con postes e incluso, las electrocuciones.
El soterramiento, donde se ha ejecutado, permite mejorar la iluminación, mejorando los niveles de seguridad ciudadana. Permite introducir mejoras en el diseño ambiental del espacio urbano e incrementa al valor de la propiedad pública y privada.
Estamos conscientes de que los sistemas aéreos para llevar servicios de electricidad, telefonía, telecable e internet resultan mucho más baratos que los sistemas soterrados. Los estimados varían en un rango que va desde 3 a 6 veces más en países en desarrollo y de 3 a 10 veces más en países desarrollados. Pero fundamentar el proceso de toma de decisiones únicamente por el lado de los costos, sin ponderar la disposición a pagar que podría tener la población o una parte de ella si se le oferta un sistema soterrado que le permitiría disfrutar de una visual descontaminada de la ciudad en que vive y trabaja, no parece una decisión acertada.
Soterrar todos los cables de estos servicios en un país no es un proyecto económicamente viable. Solo Holanda, en todo el mundo, tiene el 100% de los cables de baja y media tensión bajo tierra. Le siguen de cerca Inglaterra, Alemania, Bélgica y Dinamarca con niveles de soterramiento que oscilan entre el 70% y el 90%. En adición a los soterramientos del cableado en ciudades coloniales como Cartagena de Indias en Colombia, San Miguel de Allende en México, el Casco Antiguo en Panamá y el proyecto de soterramiento que está ejecutándose en nuestra Zona Colonial, en América Latina se han estado ejecutando proyectos para algunas ciudades como Santiago en Chile, que tiene ya 3,000 kilómetros de cableado eléctrico soterrado, el 20% del total. También en Quito y Guayaquil, los trabajos de soterramiento avanzan gradualmente. Lo mismo sucede en Panamá, donde más del 30% del cableado aéreo de la capital ha sido soterrado.
Los trabajos de soterramiento que tienen lugar en la Zona Colonial no deben limitarse únicamente a esa geografía. La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) debería iniciar lo antes posible el diseño de un Proyecto de Soterramiento del Cableado Aéreo en todo el Distrito Nacional. Según la División Territorial 2015 publicada por la ONE, la superficie del Distrito Nacional alcanza 91.6 km2, aunque otros estimados la colocan en 104. Partiendo de los 91.6 kms2 se puede estimar, muy preliminarmente, que la longitud del cableado eléctrico-telefónico-telecable-internet en el Distrito Nacional debe oscilar entre 2,000 y 2,500 kilómetros lineales. Asumiendo un costo promedio de US$250 por metro lineal de soterramiento (en Quito es de US$300), el costo total de soterramiento del cableado eléctrico del Distrito Nacional oscilaría entre US$500 y US$625 millones. Como se advierte, es un proyecto a ser realizado en un período de 5 a 10 años. Podría ejecutarse por etapas. El Polígono Central podría ser un buen punto de partida, capaz de generar un “efecto demostración” de Duesenberry y en consecuencia, de contagio, que elevaría considerablemente la demanda por soterramiento y la disposición a pagar en otras geografías de la capital.
¿Opciones? Existen varias. Un proyecto 100% estatal bajo la dirección del ADN y Edesur, en acuerdo con Claro y Altice, que permita determinar las tarifas que estas últimas pagarían al ADN/Edesur por los ahorros en mantenimiento de líneas y mejora de la calidad del servicio a ofrecer que estas recibirían. Los usuarios de los servicios contribuirían también con la inclusión en la factura de Edesur y de las empresas de telecomunicaciones de un cargo por el servicio soterrado de electricidad-telecomunicaciones y la descontaminación visual. Edesur compartiría parte de los ingresos con el ADN. Otra opción es una Alianza Público Privada que evite al ADN/Edesur colocar directamente deuda para financiar y ejecutar este proyecto. Una tercera opción sería el otorgamiento de una Concesión a una empresa privada para ejecutar y explotar el proyecto de soterramiento, lo que requeriría un marco institucional fuerte que no parece existir en este momento.
En lo que se ejecuta se diseña y comienza a ejecutarse el proyecto, hay algo que el ADN debería hacer: establecer y cobrar multas significativas a las empresas de telecomunicaciones por cada metro de “escombros” colgados en el sistema de cableado aéreo, muchas veces enrollados, como si el espacio aéreo fuese un almacén de cables. RD$1,000 por cada metro de escombros, de seguro que desataría una marcha de cientos de brigadas a las calles para limpiar y organizar un poco la telaraña que nos cubre.
