Recientemente, se acaban de publicar los resultados del Índice de Competitividad Global, publicado por el Foro Económico Mundial, que miden un conjunto de indicadores, políticas y factores, que definen el nivel de productividad de un país.
En esta oportunidad, participaron 137 países, donde se analizan 12 pilares y 116 renglones, cuyos resultados se basan en encuestas realizadas entre ejecutivos de los 137 países y de organismos internacionales.
En esta oportunidad, diferente a la anterior, el país muestra un retroceso de muchos de los indicadores, lo cual nos debe llevar no a buscar excusas sino soluciones.
Haber quedado en el lugar 104 de los 137 países analizados, lleva mucho a qué pensar. ¿Estará agotado el modelo económico? ¿Será que los puestos claves de la administración pública no se evalúan los resultados del incumbente, porque prima más el criterio político que la eficiencia de quien está al frente de la institución? ¿Será que todo el que accesa a un puesto piensa que es eterno sin importar sus resultados, sino sus beneficios personales?
En educación, ya tenemos desde hace cinco años el añorado cuatro por ciento; sin embargo, no se refleja en la calidad, se ha quedado en la construcción necesaria de más infraestructura y tandas extendidas, que parecen no estar dando el resultado de la calidad sino el agradecimiento de padres, que no tienen los hijos en la calle y que reciben almuerzos y meriendas.
¿Tendrán estos resultados que ver con la ausencia de acuerdos necesarios, no sólo en el orden económico sino también en el institucional? Lo vemos en muchas leyes y acuerdos que toman años en ser aprobados.
Si analizamos cada uno de los pilares, sin dudas es el institucional en el que nos va peor. Un país sin instituciones fuertes, sin respeto a las leyes, sin continuidad en planes y proyectos, es un país que difícilmente pueda salir del subdesarrollo, aún cuando el entorno macroeconómico esté en muchos aspectos mucho mejor que el de los 137 países analizados.
Un país en que la burocracia, no en un gobierno específico, es más una constante histórica del país, hace difícil el entorno de los negocios. No existe una planificación de largo plazo, y lo peor es que se crean puestos para complacer acuerdos políticos que dificultan aún más la marcha apropiada de la economía.
Esto, en vez de facilitar la gobernanza del país, le pone enormes presiones al Poder Ejecutivo, que termina enredado en la red de un populismo que no resuelve los problemas principales.
Solamente tenemos que ver qué difícil es llegar a un pacto eléctrico; a una reforma fiscal integral, que elimine la cantidad de impuestos que merman la capacidad de empresarios emprendedores de arrancar empresas, que son penalizadas por impuestos desde sus inicios, haciendo más que difícil su crecimiento, y cómo se hace imposible ponerse de acuerdo con una ley de partidos que afiance la democracia.
Si los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo en esta ley, cómo podrán llegar a propuestas y programas que nos terminen de sacar del subdesarrollo.
El deseo del que llega a un puesto es de perpetrarse en el mismo, va contra toda posibilidad de hacer un Estado eficiente, toma decisiones encaminadas más a su permanencia, que al éxito de las funciones puestas bajo su responsabilidad.
No quedamos mal en la evaluación macroeconómica, se reconoce el control de la inflación, que es el peor de los impuestos y aún cuando el endeudamiento ha crecido, no resulta un factor que nos haga quedar por debajo de otras naciones.
La eficiencia de la producción de bienes de los mercados, es otro de los factores que incide en que los índices país sean bajos, la facilidad de orientar a los empresarios es una de las trabas para crear nuevas empresas y para promover empleos de calidad, todo esto complicado con una mano de obra poco entrenada, como resultado de los años de poca atención a la educación.
La reacción del Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, que hasta hace poco fue Vicepresidente Ejecutivo del CONEP, que como conocedor de estos problemas fue positiva, no fue la reacción habitual de funcionarios que califican el informe de estar viciado, reconoce que tenemos serias limitaciones que evitan el crecimiento y desarrollo industrial y sólo hay una forma de mejorar las cosas y es precisamente reconociendo dónde es necesario mejorar y tomar las acciones que amerite cada caso.
En el tema de la corrupción, imitemos a Juan Bosch, que fue capaz de cancelar a uno de sus más cercanos colaboradores por ser acusado de pedir dinero para aprobar una empresa.
El desarrollo del mercado financiero es otro tema donde quedamos mal parados. Sin embargo, el informe no toma en cuenta las recientes reformas del Reglamento de Evaluación de Activos, donde atinadamente se aumenta el monto de lo que se considera un menor deudor, de 25 millones a 40 millones. Esto facilitará la creación de un mayor número de empresas pequeñas y medianas.
Quedamos mal evaluados en la seguridad, una tarea que tiene pendiente el nuevo Director General de la Policía Nacional.
Somos un país de pocos contrapesos, los partidos políticos se han convertido en negocios y eso evita tener una sociedad transparente, donde tampoco juega un papel la prensa, ya que muchos andan más pendiente de que compren su voluntad en efectivo, olvidando que su verdadero papel no es sólo de neutralidad, es la importancia de analizar los problemas nacionales como forma de incidir en una sociedad más justa.
Los empresarios tenemos también nuestro papel que jugar, ser más eficientes, suplir con mejor calidad los productos que vendemos, pagar mejores salarios, evitar prácticas monopólicas u oligopólicas y no quedarnos callados frente a la competencia desleal que muchos políticos enganchados a empresarios nos hacen con frecuencia.
No vemos este informe como un insulto al país. Los problemas no son de un gobierno en particular, son un cúmulo de errores y de decisiones mal tomadas por años. Hagamos lo mismo que el Director del Consejo Nacional de Competitividad, que lo asume como un reto, y que estos resultados tan negativos logremos revertirlos con un compromiso entre políticos, los medios de comunicación, la sociedad civil y, por supuesto, nosotros mismos, los empresarios.
