Aunque la cifra anual de homicidios en el país ha reducido considerablemente en los últimos 8 años, otros tipos delictuales como el raterismo y los asaltos siguen siendo un reto pendiente, lo que afianza la percepción generalizada de que nuestro país es inseguro.
A pesar de todo lo que ha sido diseñado por el Gobierno para contener la delincuencia en República Dominicana y los planes ejecutados, incluyendo cambios en la dirección de altos mandos en organismos de prevención y represión, resulta evidente que hace falta mucho más para enfrentar una situación que ha adquirido dimensiones importantes.
No ha sido suficiente, por ejemplo, el patrullaje conjunto de policías y militares, y a veces es contraproducente porque abre más la herida de una población resentida porque quienes están llamados a protegerla no siempre se manejan de una manera adecuada.
Tampoco ha funcionado la medida de restricción de consumo de bebidas alcohólicas y horas de establecimientos nocturnos. Si bien esto es una excelente idea para evitar tragedias como algunos accidentes de tránsito o muertes por intoxicación alcohólica, lo cierto es que no ha sido muy útil para evitar una criminalidad que no tiene horarios y, además, la regla ha sufrido tantas excepciones que en gran medida ha sido desnaturalizada.
Lamentablemente, la reacción de muchos de los actores principales de este tema es la negación, lo que obviamente impide cualquier análisis serio y actitud de cambio, pues el que entiende que está bien no ve razones para modificar las cosas.
Los funcionarios y la clase política en general, especialmente los que prometen mejorías en procura de ganar posiciones electivas, deberían promover un abordaje amplio de la inseguridad ciudadana y proponer maneras realistas de combatirla.
En lugar de seguir, por ejemplo, con el discurso reduccionista desde hace décadas sobre pobreza, sería de mayor utilidad estudiar mejor leyes procesales que hacen fácil los delincuentes salir de las cárceles.
En vez de culpar el consumo de drogas o repetir el trillado tema de la educación y la prevención, sería más eficiente evaluar con reglas claras un sistema judicial lento, ineficaz, caro y que en muchas ocasiones ha fallado en su rol fundamental de impartir justicia.
Quizás, si se toman posiciones sin tintes demagógicos o electoreros, priorizando ante todo la seguridad de las personas, podríamos comenzar a ver cambios positivos en una de las situaciones que más preocupa a los dominicanos.
