He sido muy crítico de la Corte Constitucional. Conozco sentencias para las que no existe adjetivo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para calificarlas.
Pero cierro el año muy feliz y celebro por primera vez esa Corte Constitucional, que he considerado siempre como un adorno inútil, deslucido, en la fea caricatura de la democracia al estilo dominicano, a la que instituciones regionales le asignan notas sobresalientes porque la comparan con las dictaduras abiertas o encubiertas que gobiernan en Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba, y en otros países donde existen elecciones manipuladas por el poder.
Me refiero a la decisión de esa corte que elimina de cuajo el monopolio de nuestra “democracia” que entrega a los “partidos” políticos la potestad para presentar candidaturas a los cargos electivos:
Presidencia y Vicepresidencia de la República, miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, alcaldes y miembros del Consejo Municipal. Son los cargos que conforman las instituciones que dirigen las diferentes instancias de poder del país.
El diccionario Anaya dice que la palabra democracia refiere: “El sistema político en el que el pueblo elige libremente a quienes lo gobiernan. Doctrina o idea que defiende la participación del pueblo en los asuntos importantes de gobierno. La democracia es el ideal político porque el pueblo el que gobierna.
Participación de los miembros de una colectividad en los asuntos importantes que la afectan”.
Pregunta: ¿Representan los alcaldes y los concejales a quienes residen en sus municipios, los consultan, se reúnen con los líderes reales de las organizaciones comunitarias? No lo hacen. Lo mismo puedo decir de los miembros de las dos cámaras del congreso. Nada que decir de los funcionarios que designa el Presidente la República.
En noviembre pasado participé en un Consejo de Gobierno celebrado en Higüey, la quinta provincia del país por su población y la cuarta por lo que aporta a los ingresos del Estado. Al terminar ese encuentro, me sorprendieron dirigentes locales, casi todos muy comprometidos con el partido de gobierno, asegurando que muchas de las informaciones presentadas por los ministros y directores de instituciones estatales fueron eran abultadas.
Los partidos políticos son manipulados por los reducidos grupos que los dirigen. La práctica generalizada es que esas entidades se activan para los procesos electorales y terminados estos, son desactivados porque ese concepto que define la democracia como “la participación de los miembros de una colectividad en los asuntos importantes que la afectan”, es solo un decir.
Olvidemos al “balaguerismo”, la peor caricatura de democracia que hemos tenido en las décadas finales del pasado siglo. Pero la principal diferencia de lo partidos que lo sustituyeron es que no tienen escuadrones de la muerte para perseguir a los periodistas críticos y los políticos que disienten, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son estructuras para servir a los intereses partidarios.
En lo demás, son iguales. La democracia es solo una palabra, un concepto vacío de significado. Por eso considero que el dictamen constitucional que le quita a esos adefesios políticos el monopolio de presentar candidatos a los puestos electivos es un gran aporte a nuestra anémica democracia. Qué bien.
No podía imaginarlo.
