Autor intelectual

En los medios de comunicación del país se ha utilizado por mucho tiempo y con frecuencia el título de “autor intelectual” para referirse a quien contrata a un sicario para que ejecute un asesinato que ha planeado.

Esto ha llevado al público en general a la errónea convicción de que la figura de la autoría intelectual es parte de nuestra legislación, como lo es en otros lugares del mundo. Sin embargo, lo cierto es que no existe en nuestro código penal, por lo que los jueces se ven obligados a otorgarle al que planea y/o al que encarga un asesinato la categoría de complicidad.

De acuerdo con la legislación vigente en República Dominicana, el que contrata a uno o más sicarios para asesinar a una o más personas, por ejemplo, no es más que un simple cómplice del autor o de los autores principales que son los que ejecutan materialmente la acción de asesinar, y por ende la pena imponible será menor que la de aquellos que ejecutaron el delito, aun cuando se demuestre que fue este quien lo planeó y lo encargó.

De igual forma, lo que conocemos coloquialmente como asesinato por encargo o sicariato, a pesar de que es uno de los hechos delincuenciales de mayor preocupación para los dominicanos y muy resaltado en la opinión pública, a diferencia de en otros países de la región, no existe en nuestra normativa penal.

Así como esa sustancial falla, son muchas de las que adolece nuestro código penal, inalterable por 137 años, y que impiden una mayor eficiencia en la disuasión y castigo de los delitos, tales como prever penas muy suaves para ciertos casos, el no contemplar el cúmulo de penas, la no existencia expresa de figuras como el nepotismo o el tráfico de influencias, la errónea interpretación de la figura del terrorismo, la necesidad de crear nuevos tipos delictuales como los negocios piramidales, entre otras medidas de vital importancia.

Es necesario insistir para lograr la aprobación del nuevo código penal que, al menos en la última versión del proyecto, es más completo y moderno que lo que tenemos al día de hoy, para que así, más allá de limitarnos a algunas clases de delitos, se logre un mejor sistema de prevención y sanción de todos los tipos delictuales en nuestro país.

Un nuevo código penal no será un “chapulín” que acabe con la delincuencia, pero fortalecería la política criminal en el país que tiene graves fallas.

Si hay una real intención de los legisladores de mostrar tolerancia cero al crimen en República Dominicana e involucrarse activamente en la lucha por la seguridad deben tomar la firme decisión de aprobar el nuevo código penal que tiene ya más de 23 años durmiendo el sueño de los justos en los armarios del Congreso Nacional. Y si además aprovechan para revisar las debilidades del código procesal penal, tendrían un alto sentido de oportunidad que podría dar paso a, por primera vez en muchos años, tener una legislación penal en completa armonía y por ende con probabilidades de ser más efectiva.