Sólo en el 2022, el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) sirvió a los dominicanos casi cinco mil millones de pesos en medicamentos e insumos sanitarios a través del Servicio Público Nacional de Salud y la Red de Farmacias del Pueblo en el 2022.
Esto ha permitido a las personas de menos recursos el acceso a medicamentos esenciales e insumos a muy bajo costo, lo que sin dudas resuelve uno de los más importantes temas de la nación y se lleva a cabo en cumplimiento de lo establecido por normas como la Ley General de Salud.
Dicho evidente éxito gubernamental en esta materia podría estar acompañado de medidas aún no exploradas, para hacerlo todavía más abarcador. Por ejemplo, existen en República Dominicana numerosas empresas con capacidad de fabricación y abastecimiento para el mercado local completo de casi cualquier tipo de medicamentos.
Sin embargo, algunos productos farmacéuticos imprescindibles para la población, aunque la industria local está en perfecta capacidad de fabricarlos, no puede hacerlo en el marco de la ley porque las empresas que los venden de forma exclusiva son titulares de patentes de invención que en la práctica en nuestro país confieren todas las ventajas de un monopolio y por ende los venden extremadamente caros.
La Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) tiene a su disposición mecanismos como las licencias obligatorias para autorizar que otras empresas (como los laboratorios dominicanos), en circunstancias muy especiales establecidas en la ley de propiedad industrial, vendan los mismos medicamentos a precios significativamente inferiores. No obstante, aunque la ley establece plazos puntuales y son muchas las solicitudes que la institución ha recibido desde el año 2000, simplemente son engavetadas y nunca se ha emitido una.
En este sentido, una forma del sector público mostrar que la revolución en salud es una prioridad sería poner en marcha un plan de emisión de licencias en casos de interés público o incluso de emergencia nacional. Un ejemplo de un caso de este tipo lo constituye sin lugar a dudas la necesidad actual de poner a disposición de toda la población, a precios más bajos, los medicamentos requeridos para tratar la hipertensión arterial que está afectando a tantas personas.
Este tema es sumamente delicado porque involucra el fundamental Derecho a la Salud. Por tal motivo, ojalá sea tomada en cuenta la sugerencia para que los planes que se ejecuten sean aún más efectivos y atractivos.