Los dominicanos estamos listos para iniciar desde esta misma noche las grandes celebraciones del fin del año 2018, y del inicio del nuevo año 2019, pero muchos de nosotros nos concentramos fundamentalmente en las tareas que nos impone el día a día, y pocas veces dedicamos tiempo para aquellas tareas de futuro que demandan una correcta articulación entre conocimientos, experiencias y planificación, y que han de contribuir a resolver, o por lo menos a mejorar, muchos de los grandes problemas propios de nuestra creciente nación.
Por ello es necesario que en este nuevo año 2019 cada dominicano comience a pensar detenidamente en posibles soluciones de conjunto al cada vez más complicado problema del tránsito vehicular en nuestras calles, avenidas y carreteras, pues de apenas un millón cien mil vehículos que teníamos a nivel nacional para el año 2000, donde el 50% eran motocicletas, hemos pasado a casi 4.3 millones de vehículos, de los cuales el 55% está representado por motocicletas, lo que indica que en 18 años hemos multiplicado por 4 nuestro parque vehicular, porque todos estamos buscando soluciones individuales al transporte, pero no hemos logrado soluciones colectivas que sean confortables, seguras, e interconectadas con el mismo ticket y el mismo precio, y como nuestras vías de comunicación no se han multiplicado de igual forma, el resultado final es el congestionamiento vehicular que se siente a toda hora, pero mayormente en las horas pico de la mañana, el medio día y final de la tarde, consumiendo a veces una hora para moverse 10 cuadras, siendo ya obligatorio que todos nos dediquemos a buscar las soluciones estructurales que demanda la difícil situación vial actual, incluyendo involucrar al sector privado.
El año 2019 es una excelente oportunidad para que nuestros legisladores terminen de aprobar el viejo proyecto de ley de ordenamiento territorial, el cual es un mandato de la Ley General de Medio Ambiente 64-00, a los fines de establecer los usos prioritarios de los suelos en función de sus máximas potencialidades y en función de sus fortalezas y sus vulnerabilidades, y no en función de las voluntades individuales de los propietarios de las tierras, ni en función de voluntades de autoridades municipales que autorizan edificaciones sobre los mejores suelos agrícolas, asentamientos agrícolas en áreas protegidas, vertederos de basuras y granjas de cerdos o de pollos en cabeceras o en márgenes de ríos y arroyos que alimentan acueductos, estaciones de combustibles al lado de escuelas, industrias en medio de núcleos urbanos, estructuras sensibles sobre suelos sísmicamente vulnerables, asentamientos humanos marginados a orillas de peligrosos ríos que en medio de una crecida pico pueden arrastrar todo lo que esté ubicado en su sección de tránsito fluvial extremo. Es tiempo de comenzar a poner nuevo orden en el viejo desorden de los usos de suelos.
El nuevo año 2019 debe ser el límite congresual y nacional para consensuar, conocer, aprobar y graduar el viejísimo proyecto de ley de aguas, el cual está siendo discutido por la comunidad ambiental desde hace más de 20 años, y descansa en nuestras cámaras legislativas desde el año 2002, siendo necesario disponer de esta ley para el mejor aprovechamiento del agua en todos los sectores productivos de nuestra nación, pero muy especialmente en el sector agrícola que consume el 70% del agua disponible, mayormente para riego por inundación, lo que implica desperdiciar 3 de cada 4 galones de agua que reciben los agricultores a través de los canales de riego, lo cual es absurdo e irracional.
Este nuevo año 2019 debe llevarnos a ser más proactivos en materia de prevención y mitigación de desastres, pues aunque el terremoto ocurrido en nuestra isla el 12 de enero del año 2010, con epicentro en Puerto Príncipe, mató a 316 mil personas, hirió a 350 mil ciudadanos haitianos, y dejó a un millón y medio de personas sin hogar, fruto del colapso de 400 mil edificaciones y 5 mil escuelas construidas sobre suelos flexibles de mala respuesta sísmica, los dominicanos poco hemos aprendido de esa gran tragedia sísmica ocurrida en nuestra propia isla, siendo necesario destinar suficientes recursos económicos, públicos y privados, nacionales y municipales, para los obligatorios programas de microzonificación sísmica en todos nuestros núcleos urbanos, núcleos industriales, y núcleos hoteleros, incluyendo la revisión de todas nuestras escuelas, hospitales, iglesias, plantas eléctricas y líneas de transmisión, así como los grandes gasoductos y las grandes empresas e industrias sensibles que almacenan o manejan combustibles líquidos y gaseosos, a fin de que podamos identificar a tiempo nuestras principales vulnerabilidades sísmicas y comenzar a corregirlas.
Si logramos ponernos de acuerdo en estos 4 grandes desafíos, entonces tendremos un gran año 2019. Adelante, y feliz año nuevo para todos, pero muy especialmente para los que siempre hemos confiado en el futuro de esta bella isla tropical.
