El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, defendió este lunes el decreto que clasifica como terroristas a las bandas haitianas que afectan a la población de Puerto Príncipe, capital de Haití. En una intervención durante La Semanal, el mandatario justificó la medida al señalar que las bandas criminales haitianas han cometido actos violentos, como disparar a varios aviones civiles.
Abinader destacó que, al estar en una zona fronteriza, es crucial que el país cuente con una base legal para actuar contra estas organizaciones si ingresan al territorio dominicano. “Ellos les dispararon a varios aviones de civiles, ¿tú quieres una definición que no sea esa?”, dijo el presidente, reiterando que el decreto 104-25 sirve como fundamento legal para enfrentar a las bandas haitianas o llevarlas ante la justicia.
El jefe de Estado enfatizó que su principal compromiso es con la seguridad del país. “Si los bandidos han cometido terrorismo en Haití y vienen para el lado dominicano, nosotros tenemos que tener una base legal”, añadió.
El pasado 27 de febrero, Abinader anunció la firma de este decreto y la activación del Consejo Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista. La medida responde al deterioro de la situación de seguridad en Haití, donde las bandas criminales controlan grandes partes del territorio de Puerto Príncipe y el sur del país. Durante el año 2024, más de 5,000 personas fueron asesinadas en Haití debido a estos grupos. Ante la falta de acción efectiva de la comunidad internacional, el presidente dominicano decidió tomar esta medida para proteger a su país y frenar la violencia en la región.
Algunos abogados consideran que la medida es inconstitucional y señalan que un solo país no puede determinar unilateralmente la clasificación de “terrorismo”, sino que debe contar con el respaldo de convenciones internacionales.
El abogado penalista Cándido Simó fue uno de los primeros en rechazar la disposición. Este argumentando que la definición de terrorismo debe estar basada en un marco legal globalmente aceptado y no en decisiones aisladas que puedan vulnerar principios fundamentales de derechos humanos.
La jurista Laura Acosta también expresó su oposición, recordando que según la Constitución y las leyes nacionales, el presidente no tiene la autoridad para ordenar la persecución o arresto de personas sin una orden judicial.
