En las últimas semanas, en la medida en que los medios intensifican la redacción sobre la crónica de una reelección no anunciada, la palabra “irrespeto” ha salido a relucir en múltiples ocasiones, para advertir que no debe irrespetarse la Constitución de la República. En este contexto, daría la impresión que la palabra irrespeto esta siendo utilizada para definir cualquier intento de introducir una iniciativa de reforma constitucional, sin importar que esta última respete al pie de la letra lo que establece nuestra Carta Magna en los artículos 267, 269, 270 y 271. En otras palabras, en el debate prevaleciente en el país, irrespeto o intento de modificar la Constitución son sinónimos.
No tengo realmente claro el porqué la decisión de introducir una iniciativa de reforma a la Constitución de un país cualquiera, debe ser percibida como un irrespeto a la Constitución que se desea reformar. Quizás esta asociación tiene su origen en la creencia, mito o ilusión de que una reforma constitucional, indefectiblemente, es una acción que atenta contra el desarrollo económico y social de un país, la institucionalidad y el estado de derecho. En otras palabras, una reforma constitucional implica retroceso. De ahí que, podría derivarse, mientras mayor sea el número de veces que reformemos la Constitución, mayor será nuestro atraso y menor nuestro ingreso.
Echemos un vistazo a la historia constitucional en el mundo. Entre 1800-2014, se registraron en el mundo una cantidad apreciable de sustituciones de viejas Constituciones por nuevas. A principios de los 90s tuvimos casos en que, en un solo año, 22 países sustituyeron sus viejas Carta Magnas por nuevas. Adicionalmente, el número de veces al año que las Constituciones son reformadas en el mundo es más elevado de lo que uno pensaría. Entre el 2000 y el 2014, el promedio anual de reformas o modificaciones constitucionales ascendió a 32. Como se observa, las reformas constitucionales en el mundo son mucho más frecuentes que el paso del Cometa Halley y no tienen lugar únicamente en la República Dominicana o en países del Tercer o Cuarto Mundo.
No está claro tampoco que mientras más reformas constitucionales se realicen, menores son las posibilidades progreso económico y social de una nación. En Italia prevalece el criterio de que la Constitución es algo sacro, tanto como los 10 Mandamientos para el Vaticano. Por eso, entre 1948 y el 2018, la Constitución apenas ha sido reformada 15 veces. Los alemanes, aparentemente, son menos dogmáticos y nadie ha planteado, como sucede en otras latitudes, advertencias dramáticas como aquella de que hay que “pasarle por encima a nuestro cadáver para intentar reformar la Constitución”. Alemania ha reformado su Constitución 62 veces entre 1949 y el 2018, a razón de casi una modificación por año. ¿Es Italia más desarrollada e institucionalmente más sólida que Alemania? Sólo un desquiciado se atrevería a postularlo. Alemania tiene un ingreso por habitante 42% más elevado que el de Italia, país que se encuentra al borde del colapso financiero con una deuda pública equivalente a 130% del PIB, mas del doble de la alemana (60%). Y en el ámbito de fortaleza institucional la diferencia es del cielo a la tierra. Mientras Alemania ha sido gobernada en orden y sosiego por Angela Merkel durante 13 años consecutivos entre 2005 y 2018, en la Italia de la Sacra Carta Magna, en ese mismo período, se han pasado el balón de Berlusconi a Prodi, este de vuelta a Berlusconi, rodando luego hacia Monti, Letta, Renzi, Gentiloni y Conte, para un total de 8 en 13 años.
Siempre hemos admirado la parsimonia y el sosiego de los japoneses y canadienses. Sus Constituciones, sin embargo, no han recibido un trato similar. Japón, por ejemplo, no ha hecho reformas a su Constitución desde que esta fue adoptada en 1947; 61 años seguidos sin permitir modificaciones. Una maravilla, ¿no? A pesar de esa demostración de rectitud y fortaleza institucional, el ingreso per-cápita de los japoneses el año pasado fue 8% más bajo que el de 1995. La deuda pública, en ese mismo período pasó de 96% del PIB a 238% en el 2018. Canadá, por su parte, entre 1867 y 2018 ha “irrespetado” la Constitución 57 veces, con reformas, inclusiones y modificaciones al archipiélago de documentos que dan cuerpo a su Carta Magna. El año pasado, el ingreso per-cápita de los canadienses fue 126% más elevado que el de 1995. Mientras en 1995 los japoneses tenían un ingreso per-cápita 110% más elevado que el de los canadienses, el año pasado el de los canadienses fue 17% más elevado que el de los japoneses, a pesar que nadie en todo el mundo ha “respetado” más su Constitución que los japoneses.
Las Constituciones son redactadas y aprobadas por seres humanos, no entidades divinas o infalibles. Pero, además, a medida que pasa el tiempo, algunas disposiciones que hacían sentido 30 o 40 años atrás, dejan de tenerlo y requieren su eliminación y/o modificación. Por eso aún en países emblemáticos de la democracia occidental, como Francia y Estados Unidos, han introducido reformas, modificaciones y enmiendas a sus Constituciones. Entre 1958 y el 2018, Francia ha modificado 24 veces la Constitución que su Quinta República. Estados Unidos, por su parte, ha introducido 27 enmiendas a la Constitución redactada por sus “Founding Fathers”.
Si miramos la geografía constitucional de la América Latina, observamos un panorama variopinto. Hay de todo y para todos los gustos. Hay países que han reformado mucho su Constitución y otros que lo han hecho muy escasas veces. ¿Acaso los que menos la han reformado, han progresado más, apoyándose en esa gran demostración de fortaleza institucional, que los países líderes en reformas constitucionales de la región? Cuando se coteja el número de reformas a la Constitución con el nivel de ingreso por habitante en dólares corrientes en paridad de poder adquisitivo en nuestra región, no encontramos manera de responder afirmativamente esa pregunta.
¿Cuál es el país líder en reformas constitucionales en la región? Se que muchos pensarán que nadie le disputa esa posición a la República Dominicana. Están equivocados. Para ocupar la primera posición, tendríamos que “irrespetar” nuestra Constitución 27 veces más. Solo así lograríamos superar a Chile, el líder en reformas constitucionales de la región, con 65, muy cercana a las 62 de Alemania. Se desconoce si en esto ha incidido el hecho de que Chile abrió sus puertas a dos fuertes oleadas de inmigrantes alemanes, dando lugar a que más de 500,000 chilenos sean hoy día descendientes de alemanes. ¿Es Chile el país más pobre e institucionalmente más débil de la región? No. A pesar de haber “irrespetado” 62 veces su Constitución, tiene el ingreso per-cápita más elevado de la América Latina en dólares corrientes, y similar al de Panamá, cuando se mide en dólares corrientes de paridad de poder adquisitivo.
Hay países que han reformado muy poco su Constitución. Paraguay, por ejemplo, si contamos las sustituciones de Constituciones viejas por nuevas, apenas ha hecho 7 reformas, seguido por Brasil también con 7, Belice y Argentina con 8, Uruguay 9, Jamaica 11, Guatemala 12, Perú y Panamá 14, El Salvador 18, Bolivia 21, Nicaragua y Haití 22. Los más “irrespetuosos”, luego de Chile, han sido Colombia con 54, Costa Rica 44, República Dominicana y Honduras con 39. Cuando se observa rápidamente el cotejo de número de reformas constitucionales e ingreso per-cápita, daría la impresión que el ingreso per-cápita aumenta con el número de reformas. En realidad, esto ni lo contrario puede sostenerse. Lo que más incide en el progreso de una nación es la calidad y consistencia de su Carta Económica.
La Constitución debe ser siempre respetada. Esto no quiere significar, sin embargo, que debe permanecer inalterada a través del tiempo. Respeto significa que, si por alguna razón bien justificada, se entiende que alguna o varias disposiciones deben ser modificadas, hay que respetar y cumplir con las vías que la propia Constitución establece para su revisión y eventual modificación. Claro, hay que evitarla si eso implica “pasar por encima del cadáver de algún legislador”. La imagen dantesca que proyectaríamos al exterior no favorecería la continuación del progreso dominicano.
