La empresa de Telecomunicaciones Viva solicitó este lunes al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que disponga la separación de los patrimonios de las prestadoras Altice y Tricom por éstas alegadamente haber incurrido en incumplimiento de los plazos establecidos a pena de caducidad por la institución para la finalización de su operación de fusión, según la resolución 277-2017, de ese organismo.
La instancia fue depositada en Indotel por el presidente ejecutivo de Viva, Marco Herrera Beato, en compañía del abogado Miguel Valerio, quienes adujeron que la referida caducidad en referencia a la resolución 277-2017, debido a que afirman que altice no cumplió con el plazo de 30 días establecido para la misma, al 14 de febrero del 2018, y ya tienen unos 3 meses luego de establecido dicho plazo.
Altice y Tricom cuentan con el 53 por ciento del espectro de las telefonías de voz y data en el país y, de acuerdo a Herrera y Valerio, cuando Altice dejó vencer el plazo para depositar todos los documentos requeridos para dicha fusión, en ella misma se establece que queda sin efecto dicha fusión, por lo que, los patrimonios de dichas empresas deben ser separados.
“La empresa Viva ha sido muy clara en esta fusión, hemos vistos muchos defectos en ella, ya la semana pasada hablábamos de 20 megahertz que se le dieron de manera graciosa a Altice y el Indotel tiene la oportunidad, con esta instancia, de que los actos administrativo en RD le sean oponibles a todo el mundo, y el acto administrativo del Consejo del Indotel, que validó esta fusión estableció que tenían un plazo de 30 días para realizar los procedimientos adecuados para fusionar dichos patrimonios”, explicó Valerio.
Adujo, además Valerio, que la pasada semana de una manera “muy simplona”, el Consejo de Indotel levantó una acta el 14 de febrero de este año estableciendo que dicha fusión tiene “efecto retroactivo” y que prácticamente es oponible a la Resolución Administrativa que validó dicha fusión, lo que dijo no es posible en derecho administrativo; porque alegadamente le quieren oponer un acta de un Consejo a una Resolución Administrativa de una empresa.
