La familia de Andreea Celea solicitó este jueves a un tribunal de alzada que a Gabriel Villanueva, condenado por la muerte de la joven de origen rumano, le sea aumentada la pena de 20 a 30 años de prisión.
La petición fue presentada ante la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que hoy conoció el recurso de apelación que interpusieron, a través de sus abogados, donde manifiestan que Villanueva cometió un asesinato y no un homicidio, por lo que, dicen, se le debe condenar a más años. La diferencia está en que el homicidio se comete sin premeditación ni alevosía, y el asesinato si, por lo que conlleva una pena mayor.
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En la audiencia, la Corte también conoció la apelación de Villanueva, preso en el Centro de Corrección Rehabilitación de San Pedro de Macorís, con el que busca se revoque la sentencia y sea absuelto de las acusaciones.
Tras conocer las peticiones del condenado y la familia de Celea, quienes son querellantes, y actores civiles en este proceso, el tribunal se reservó el fallo para el jueves 31.
En la audiencia, la abogada del Villanueva, Sonia Marlene Guerrero, le dijo a la Corte que el tribunal de primera instancia, al momento de deliberar, no valoró correctamente las pruebas y condenó a su defendido, que alega que Celea se suicidó al lanzarse del octavo piso de un hotel. Pidió que lo descarguen o que ordenen la celebración de un nuevo juicio.
De su lado, el jurista Cesar Guzmán, de la familia de Celea, le indicó al tribunal de alzada que la víctima no se quitó la vida, pues las analíticas precisan que en la forma en cuerpo cayó al pavimento se necesitaban de un empuje.
Mientras que el Ministerio Público solicitó al tribunal que se mantenga los 20 años de prisión contra Villanueva y con relación al aumento de pena, lo dejó a la apreciación de los jueces.
En marzo del pasado año, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó 20 años de prisión a Villanueva tras ser encontrado culpable por la muerte Celea, en un hecho ocurrido en septiembre del 2018. Fue condenado, además, a pagar cinco millones de pesos a la madre de la víctima Anka Voicila.
Los jueces Claribel Nivar, Gissel Soto Peña y Deiby Timoteo Peguero, determinaron que alrededor de la víctima había un círculo de violencia ejercido por el condenado, quién, dijeron, a través de la extracción del celular pudo sacar imágenes e información de sexo fuerte, drogas y lenguaje violento entre los involucrados.
Al ponderar las pruebas testimoniales y la extracción de la información celular, el juzgado pudo establecer que la joven pareja llevaba una vida desordenada, al momento de la comisión de los hechos. El tribunal precisó que la precipitación con que cayó Cela del octavo piso del edificio, se trató de un movimiento parabólico y se pudo comprobar que la joven no se lanzó de la torre.
