Según Jesús Núñez, ya han muerto 17 ex cañeros por enfermedades que se habrían agravado por las dificultades para recibir atenciones médicas
Organizaciones internacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y nacionales, como la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) han advertido del riesgo de que poblaciones empobrecidas y otros grupos marginados queden excluidos de las estrategias y políticas para enfrentar la crisis sanitaria y económica causada por el nuevo coronavirus tanto en América Latina como en el país.
En República Dominicana las consecuencias de la exclusión estructural ya se sienten en grupos vulnerables como los migrantes, ahora envejecientes, que trabajaron en la industria azucarera, conocidos como cañeros. Muchos de ellos viven todavía en bateyes.
Jesús Núñez, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Cañeros, cuenta que, desde el inicio de las medidas de distanciamiento social, el 19 de marzo, hasta la fecha, han muerto 17 trabajadores de la caña por enfermedades crónicas que se agravaron debido a las dificultades para recibir atención médica. Piensa que, si hubiesen recibido asistencia a tiempo, todavía vivirían. “Más que por falta de medicamentos, fue por falta de ver a un médico, por la distancia”, dice Núñez.
“Hicimos un total de 249 visitas de trabajadores a centros médicos, de esos nos recibieron a 61, no para pruebas del Covid, sino para sus chequeos normales. Nos los rechazaron, en principio nos decían que se vayan a otros centros, que se vean en su casa, veíamos que era imposible”, explica el dirigente sindical al contar su travesía por hospitales para gestionar la atención a un grupo de hombres que trabajaron por décadas en la producción azucarera.
En tanto que Tayiri Acosta, del Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), afirma que muchas de sus socias enfrentan serias dificultades económicas, y piensa que tendrán más obstáculos para recibir atenciones médicas mientras dure la pandemia.
“Con el Covid todo se ha agravado. El sector de las personas con discapacidad no puede acceder (plenamente) a los servicios desde antes de la pandemia. No hay camillas accesibles para que las mujeres se hagan mamografía o Papanicolau, tienden a no ir a los servicios, por las barreras tanto físicas como actitudinales (falta de entrenamiento del personal médico para atenderlas sin prejuicios)”, señala Acosta.
El 70 % de las personas con discapacidad no tenía recursos para quedarse en casa durante el confinamiento, según el informe “Resultados de los análisis sobre la situación de las Personas con Discapacidad y COVID-19 en República Dominicana” elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa Nacional de la Discapacidad (CONADIS).
Ante esa situación, desde CIMUDIS han entregado alimentos y productos de higiene a parte de sus socias, gracias a diferentes donaciones, porque las ayudas del Gobierno no han sido suficientemente focalizadas para atender todas sus necesidades, asegura Acosta.
Pero, ¿qué pasa cuando estos grupos que tienen dificultades para acceder al sistema de salud, viven en comunidades con poca infraestructura o han perdido su fuente de ingresos, se contagian con el nuevo coronavirus?
A medida que la pandemia, en fase de transmisión comunitaria, avanza, existe un mayor riesgo de que se creen focos en comunidades y grupos vulnerables. No tomar en cuenta sus necesidades concretas les afecta a ellos de forma particular, y a toda la población, en la medida en la que se dificulta parar la propagación del nuevo coronavirus.
Sirana Dolis, del Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, que trabaja con dominicanas que no han podido obtener su cédula de identidad, muchas de las cuales todavía viven en comunidades cañeras con servicios de salud limitados, se pregunta: “¿Si este grupo queda fuera (de los servicios de salud), en caso de multiplicación de la pandemia, como el estado, si no tiene en cuenta a esta población, cómo puede controlar la pandemia en estas áreas (bateyes)?”
Sin documento de identidad, a este grupo se le dificulta acceder a servicios de salud, al igual que a buena parte de la población migrante que no tiene seguro médico.
Nuñez, Dolis y Acosta conversaron durante un seminario web (webinar) organizado por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) sobre covid-19 y grupos vulnerables.
Violación de derechos y salud pública
El Fondo de Población de las Naciones Unidas, en su documento Implicaciones del COVID-19 en la población afrodescendiente de América Latina y el Caribe, plantea que “si bien el virus puede contagiar a cualquier persona sin discriminación, sociedades tan desiguales como las latinoamericanas hacen que la afectación de esta pandemia sea de manera desigual, dejando en mayor vulnerabilidad a grupos históricamente excluidos y marginados, como es la población afrodescendiente”.
Sobre el país, en el reporte se llama la atención sobre la población afrodescendiente identificada a través de la Encuesta Nacional de Inmigrantes: “En el caso de República Dominicana, una porción significativa de la población afrodescendiente identificada a partir de la ENI (2017) habita mayoritariamente territorios que tienen una precaria o nula infraestructura de servicios de salud”.
Alba Reyes, coordinadora de ADESA explica que lo ideal sería tener políticas integrales para el manejo de la pandemia, que incluya trabajos de prevención. “Esa labor de orientación y acompañamiento de la ciudadanía debe tener énfasis especial en los grupos poblacionales y comunidades de mayor vulnerabilidad, incluso con acciones focalizadas para responder a sus necesidades concretas”, dijo.
Las consecuencias de no atender apropiadamente a las poblaciones más vulnerables o empobrecidas están a la vista en países como Estados Unidos y Brasil. Aunque, en sentido general en la región la pandemia inició por grupos de ingresos medios o altos, una vez que aumentan los contagios, los sectores empobrecidos o más vulnerables sufren los peores efectos.
En Nueva York, el Covid mata, proporcionalmente a más a personas negras y latinas, —entre los que se encuentran inmigrantes dominicanos y ciudadanos estadounidenses de origen dominicano — que a blancos y asiáticos.
La tasa de fallecimientos (por cada 100 mil habitantes) causados por el virus es de 22.8 en los hispanos, 19.8 en los negros, 10.2 en los blancos y 8.4 en los negros, de acuerdo con un artículo publicado por Jeffery C. Mays y Andy Newman en el New York Times.
En Brasil, es más probable que una persona negra muera a causa del Covid a que muera una persona blanca. “En la población negra, muere uno de cada tres hospitalizados por SARS causado por el coronavirus; mientras que en la población blanca muere uno de cada 4,4 hospitalizados” se reseña en un artículo de la Agência Pública, publicado en eldiario.es el 23 de mayo.
Estos datos, que también tienen que ver con clase social, vinculada al lugar de residencia de los grupos vulnerables en cada país, reflejan la importancia de focalizar políticas para evitar muertes entre los colectivos marginados porque “la salud es un derecho humano básico y el estado debe garantizarlo”, resalta Reyes.
Productoras del campo
En un conversatorio con productores del campo, también organizado por ADESA, Benita Cordero, de la Confederación Nacional de las Mujeres del Campo señaló cómo la crisis económica ya afecta los ingresos de pequeños agricultores que viven en comunidades más apartadas con servicios de salud reducidos. Sin producción ni dinero, se les dificulta buscar asistencia médica especializada en las ciudades, donde se encuentran los hospitales regionales.
Cordero explicó que le afectó mucho el cierre temporal de los mercados, “En el caso nuestro, los de Yaguate, San Cristóbal, fueron cerrados. Cuando se procedió a abrirlos, el transporte público estaba cerrado, las compañeras que no tienen transporte no podían ir al mercado, es una de las situaciones que hemos tenido”. A las mujeres productoras que obtienen crédito en el mercado informal se les dificulta obtener ayudas del Estado para retomar la producción y reactivar su economía doméstica, dijo la productora.
Sugerencias para atender las poblaciones afrodescendientes en América Latina
En el documento Implicaciones del COVID-19 en la población afrodescendiente se sugieren, entre otras medidas:
- Facilitar el acceso a las tomas de muestras por COVID-19, la hospitalización y tratamientos médicos y el seguimiento epidemiológico para las personas afrodescendientes.
- Sensibilizar a los profesionales de salud y a las organizaciones afrodescendientes sobre directrices, resoluciones y lineamientos establecidos por los Ministerios de Salud Pública, OMS/OPS y Organismos Internacionales sobre las medidas de prevención, contención y mitigación del COVID-19 en grupos étnicos.
- Velar para que en los procesos de ensayos y pruebas en búsqueda de vacunas, medicamentos y tratamientos para el COVID-19, no se apliquen criterios de selección racializados, en especial en población afrodescendiente.
