La investigación a las pasadas gestiones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) encontró indicios de naturaleza penal, que involucra exfuncionarios del gobierno anterior y el del actual, así como a proveedores que presuntamente incurrieron en modalidades de contratación fraudulentas.
Así lo reveló ayer el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien explicó que los resultados preliminares de la investigación serán remitidos ante la Procuraduría General de la República oportunamente para que proceda como corresponda.
Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República fueron los órganos que realizaron las pesquisas, y debido a los resultados, Pimentel requirió del nuevo director ejecutivo del Inabie, Víctor Castro, colaborar con toda la documentación necesaria tendente a robustecer el referido informe.
De acuerdo a lo explicado en un comunicado de prensa, Castro estuvo de acuerdo y se comprometió a que gestión cumpla con la transparencia en procura del fortalecimiento institucional del Inabie.
“Estamos dispuestos a ventilar cualquier documento de procesos previos a nuestra gestión. Todas las gavetas del Inabie están abiertas para que se brinden las informaciones en el menor tiempo posible”, afirmó Castro.
Por otro lado, los titulares de ambas instituciones también dejaron constituida una mesa técnica para organizar las nuevas modalidades de contratación que deberá implementar el Inabie, de cara a los próximos procesos para la adquisición de bienes, servicios de alimentación e indumentaria escolar, partiendo de que el modelo existente es ineficiente e insostenible .Durante la reunión, Pimentel aprovechó para entregar el diagnóstico levantado en el marco del Programa de Cumplimiento Normativo, con su respectivo plan de mejora, con el objetivo de mitigar riesgos de corrupción.
