Litis abarcan su ubicación, problema ambiental y arbitraje
Los conflictos alrededor del vertedero de Duquesa, el vertedero a cielo abierto más grande del Caribe, tienen más de dos décadas, desde que se formalizó su operación en el 1997 y van desde su ubicación, el problema ambiental, litis por el terreno hasta un arbitraje internacional.
El arquitecto y planificador urbano, Marcos Barinas, refiere que para la inicios de la década del 2000, el volumen de basura no creaba mayores problemas, sino que los ruidos eran otros.
“El vertedero comenzó a ser un problema desde que se formalizó en el 1997. Ya estaba siendo utilizado ese terreno, que pertenecía al Consejo Estatal del Azúcar desde 1990, pero en el año 2000 se construía muy cerca el Aeropuerto Internacional del Higüero y se discutía de la idoneidad de esa decisión por temor a accidentes por las garzas y otras aves de Duquesa. Y eso empezó a poner a Duquesa en la opinión pública como un problema. Hasta ese momento el volumen de basura no creaba inconvenientes mayores”, dijo. El Aeropuerto, más tarde llamado Joaquín Balaguer, inició sus operaciones en el 2006 y hasta la actualidad coexiste junto a Duquesa.
En el 2004, la operación de Duquesa pasó a ser administrada por un consorcio dominico-brasileño. El síndico de Santo Domingo Norte para la fecha, Daniel Carvajal Lois, firmó un contrato de administración del vertedero por 20 años con el Consorcio Duquesa, integrado por la firma brasileña Resol Enganharia y la local Limpieza y Rescate Urbano, S.A.
Esa administración señalaba, según los reportes periodísticos de la época, que tenía problemas para cubrir las operaciones, debido a la falta de equipos técnicos especializados.
Para el 2006, el Ayuntamiento del Distrito Nacional junto a la Agencia de Cooperación Internacional Del Japón (JICA, por sus siglas en inglés), crearon un Plan Maestro donde se definieron todas las rutas de recolección actualmente utilizadas y luego planteó que se convirtiera en relleno sanitario, para lo cual aportó diseños y equipos.
En el 2006-2007 se traspasó la operación de este consorcio a Lajún Corporation, y otros municipios pasan también el manejo de residuos y el traslado a Duquesa a esta corporación. El alcalde de Santo Domingo Norte para la época era Jesús Félix y en el Distrito Nacional, Roberto Salcedo.
Asimismo, el 27 de abril de 2009 firmaron un adenda para modificar el acuerdo mediante el cual, entre otras se estableció que la duración del contrato de relleno sanitario de 15 años, es decir, hasta el 2022. En el 2013 se inició un largo proceso legal entre la ASDN y Lajún, ya que la Alcaldía quiso prescindir del contrato, el alcalde era Francisco Fernández.
La situación se salió de control y los constantes retrasos en el vertedero de Duquesa se reflejaron en las calles del Gran Santo Domingo. La basura arropó la ciudad al punto de preocupar a las autoridades de Salud Pública.
Alegando incumplimiento de pago por parte de los ayuntamientos, Lajún Corporation decidió en el 2017 limitar el horario de operaciones dentro del vertedero de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y cerró sus puertas sábados y domingos.
Previo, la empresa había incrementado de 130% hasta 1,100% las tarifas por concepto de manejo de cada tonelada de basura depositada en el vertedero a cielo abierto.
En el ínterin de los problemas judiciales entre los ayuntamientos y Lajún, se destapó que el contrato de la venta de los terrenos donde funciona el vertedero, es ilegal, porque no fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Luego de 10 años de Lajún administrar el vertedero y siete de problemas jurídicos, el Tribunal Superior Administrativo adoptó una medida cautelar y desde entonces las operaciones del vertedero pasaron a un consorcio compuesto por: el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, el ayuntamiento de Santo Domingo Norte y ese tripartito recibe el nombre de “Comisión para la Administración del Relleno Sanitario Duquesa”.
Cierre técnico de Duquesa
“El cierre técnico de Duquesa se ha venido planteando hace muchos años, ya para el 2011 debió haber iniciado su traslado pues se había determinado que en el 2015 acababa su vida útil, según los mismos estudios de la JICA”, expuso Barinas.
“Pero oficialmente se puede considerar que se ha tomado esta decisión cuando en enero del 2020, se lanza el decreto 20-21 que establece cuatro objetivos: La creación de la Comisión Presidencial para la Reestructuración del Vertedero a Cielo Abierto de Duquesa, la rehabilitación del sitio donde opera el vertedero; el cierre técnico de las operaciones y la planificación para un nuevo destino final de los desechos sólidos del Gran Santo Domingo”, agrega el urbanista. Puntualizó que la misma se ha venido reuniendo todas las semanas desde enero 2020.
Detalló que el cierre técnico no significa el cese inmediato de operaciones del vertedero, sino que implica una serie de procesos de planificación y operación que permitiría el cese de operaciones en un rango de aproximadamente cinco años.
“Se puede esperar que ocurra otra calamidad ambiental como la que vive el Gran Santo Domingo en estos momentos, aunque se puede evitar. Porque Duquesa debe seguir operando dónde está por unos años, aun tomándose una decisión concreta de mudar el punto de disposición final del Gran Santo Domingo”, consideró el experto.
Estimó que la decisión del cierre técnico del vertedero es importante que se tome, y que esto no incluya prolongar la vida del vertedero por 15 años, como se ha propuesto. “Creo que se debe ubicar el terreno adecuado, preferiblemente conectado a la nueva circunvalación de Santo Domingo, y articularlo con las cinco estaciones de trasferencia que se vienen discutiendo hace años”, destacó.
No obstante expuso, que no debería sr una decisión de los ayuntamientos la creación de destinos finales de disposición para sus municipios.
“Algunos ayuntamientos han querido crear sus propios destinos de disposición final y yo considero eso incorrecto en el caso del Gran Santo Domingo. Un relleno sanitario es una solución técnica muy costosa y de difícil operación y su mal funcionamiento puede producir problemas de salud, seguridad, económicos y sociales. Duquesa es el mejor ejemplo de eso”, puntualizó.
Lajún y el arbitraje internacional
El conflicto entre el Estado dominicano y Lajún Corporation llegó a instancia internacional. Michael Anthony Lee-Chin, accionista mayoritario de dicha compañía y quien asegura haber adquirido los terrenos que ocupa este vertedero, demandó ante el Tribunal de Arbitraje de las Naciones Unidas al Estado dominicano. La solicitud de arbitraje reclama “una declaración de que la República Dominicana ha violado el Reciprocal Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, que figura en el Anexo III del Tratado de Libre Comercio de la Comunidad del Caribe, entre la República Dominicana y el Estado miembro de la Comunidad del Caribe, Jamaica, firmado el 22 de agosto de 1998 que entró en vigor el 5 de febrero de 2002 (el “Tratado”), y sobre el derecho internacional”.
¿Qué pide Lajún?
El demandante solicita ordenar al Estado dominicano pagar a Lajún un monto no menor a los US$300 millones por concepto de daños y perjuicios, además de US$5 millones por los daños morales causados. La empresa explicó los daños tanto materiales como morales en una solicitud de arbitraje notificada al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez; al procurador general, Jean Alain Rodríguez; al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Nelson Toca Simó, y a la subdirectora de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales, Leidylin Contreras.
