Desde estafa contra el Estado, falsificación de documentos públicos, financiamiento ilícito de campañas y hasta lavado de activos son parte de los 16 delitos que pesan contra los 27 imputados en el caso Pulpo, quienes son acusados de conformar una red para distraer sumas millonarias de entidades públicas.
Los tipos penales que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sindica a los alegados miembros de un entramado de corrupción, cuyo cabecilla supuestamente es Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, los enfrenta, en caso de que el proceso judicial llegue a un juicio, a ser castigados con la pena de reclusión mayor, que es 30 años, y a devolver el dinero que habrían robado.
El órgano acusador, de manera general, acusa a los imputados (en su mayoría funcionarios) de los siguientes delitos: asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, prevaricación, concusión, delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, desfalco, cohecho y soborno.
Además, tráfico de influencia, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsos, falsedad en escritura pública, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos.
Los referidos delitos conllevan distintas penas, siendo los 30 años de prisión una de ellas. Por ejemplo, si el caso entrara en un juicio de fondo (por mandato de un juez) y el tribunal apoderado para conocer el juicio los encuentra culpables de estafa contra el Estado, asociación de malhechores o incluso falsedad en escritura pública podrían ser castigados con la pena antes mencionada.
Tendrían que devolver el valor que envuelva la estafa
Otras de las sanciones establecidas en el Código Procesal Penal, es que el condenado por estafa contra el Estado, tendrá que devolver el valor que envuelva la estafa y deberá pagar una multa no menor de ese valor no mayor del triple del mismo.
En la acusación formal, donde la Pepca solicita que el proceso judicial sea enviado a juicio, cuya decisión estará en manos del juez Deiby Timoteo Peguero, asegura que las pruebas que poseen dan evidencias que realmente los encartados incurrieron, cometer actos de corrupción, en los 16 delitos que le imputan.
El órgano acusador, en el documento, detalla uno por uno los delitos atribuidos a los imputados. En el caso de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, indica que incurrió en “conductas reprochables y penalmente relevantes” y le acusan de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, complicidad para desfalco, soborno activo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, desfalco, entre otros.
Las compañías vinculadas al imputado Alexis también están siendo imputadas en el caso.
Con respecto a Carmen Magalys Medina, también hermana del expresidente Medina, en su condición de funcionaria como vicepresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), le atribuyen cometer, además de los que inculpan a Alexis, de corrupción, coalición de funcionarios y prevaricación, percibir ingresos adicionales a su salario sobre la base de la calidad que no ostentaba y autora de delitos d delitos de los cuales los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad.
Las entidades con las que se estafó al Estado
La acusación elaborada por los fiscales anticorrupción indica que Alexis y los otros 26 imputados se asociaron, para estafar al Estado dominicano, de manera principal, en la Oficina de Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado (Oisoe), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Policía Nacional, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, Edeeste, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y el Banco de Reservas de la República Dominicana. En la acusación del caso Pulpo, además de Alexis y Carmen Magalys Medina, figuran Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oisoe; Fernando Rosa, expresidente del Fonper; Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud; Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República; Aquiles Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de la Oisoe. También, Víctor Encarnación, Lina De La Cruz y Pachristy Ramírez, quienes fueron director técnico, directora jurídica y sub director jurídico de la Oisoe, respectivamente. En este caso hay otras 10 personas que están siendo acusadas.
