El pasado mes de octubre fueron seleccionados los primeros 100 proyectos culturales a los que se les otorgó el certificado provisional de “Poyectos de interés cultural nacional”.
El más importante paso en política cultural dado en República Dominicana, hechura de dos gobiernos, ya está en funcionamiento. Hasta ahí todo había marchado en modo ‘preparativos’ para echar a andar una ley que ha caminado con ánimos de tortuga, pero al parecer, firme.
Cada decisión, cada paso tomado, parecía diseñado por una mente asiática, acostumbrada a largas pausas y tiempos muy lentos.
En la Primera Convocatoria Especial de Proyectos Culturales 2023 se presentaron a concurso 127 proyectos, de los cuales, luego de una revisión técnica con el apoyo de equipos técnicos del Ministerio de Cultura, el Consejo de Mecenazgo reconoció 100 de ellos, a los que se les otorgó el certificado provisional de “Proyectos de interés cultural nacional”.
Certificar proyectos de interés nacional tiene como fin que gestores culturales puedan buscar el financiamiento, tanto público como privado, para sus proyectos. Los seleccionados tendrán, seguramente, un gran impacto para el fortalecimiento del sector cultural, para las industrias creativas y para la ciudadanía.
Una ley poco cacareada
El hecho es histórico, y hay tan poca consciencia de ello, que probablemente ni siquiera el presidente Luis Abinader se haya dado cuenta de su importancia. Pocos son los países que cuentan con este tipo de ley, que sin dudas es una de las herramientas más poderosas del sector artístico del país, junto a la Ley de Cine.
Hace poco una destacada personalidad de la cultura me dijo que no entendía la Ley de Mecenazgo, ni siquiera sabía que se había realizado la primera convocatoria. “¿Podrías ofrecernos una charla acerca de esa ley? Se sabe demasiado poco”. Obviamente, le dije que debían acercarse a Henry Mercedes, director nacional de Mecenazgo.
De hecho las empresas no conocen la Ley de Mecenazgo. Los encargados económicos de ellas no saben ni papa. Es imprescindible que se haga un trabajo de información al menos con las empresas más importantes del país. Hay muchos dispuestos a aportar, pero no conocen la ley por dentro. Y así, es dificil aportar.
Es necesario comenzar una campaña informativa por redes sociales y medios de comunicación, que acerque la ley a la población en general. Uno nunca sabe dónde hay un Beethoven, por no decir un Mozart.
Uno de los 100
Entre los proyectos certificados y que ahora tocarán puertas para su consecución figura el de la coreógrafa y exdirectora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Marianela Boán, que encabeza “Marianela Boán Danza. Plataforma Coreográfica”.
“Quiero seguir desarrollando mi trabajo en este país que he elegido para vivir. Tanto de creadora, como de formadora de nuevos talentos. Se trata de una mezcla de compañía-escuela. Por eso se llama plataforma coreográfica, que es más abierto y que permite realizar un programa permanente de desarrollo de la danza contemporánea en República Dominicana. Y sobre todo escoger bailarines para crear obras de factura internacional que permitan seguir visibilizando las nuevas generaciones de artistas de la danza de República Dominicana”, explicó Boán a elCaribe.
“Yo solicité 11 millones de pesos y ellos decidieron conceder siete millones; esto es para desarrollarlo en dos años. Ese es el monto por mecenazgo. El resto del dinero que necesito para el proyecto, lo tengo que gestionar a través de ingresos que el propio proyecto genere y a través de patrocinios y colaboraciones”, explicó quien es una de las artistas más importantes de la danza contemporánea de Iberoamérica. “El dinero de mecenazgo va a una cuenta que es transparente. Desde el sitio web de la DG de Mecenazgo pueden seguir cada paso que se dé en detalle”, expuso Marianela Boán, decidida a tocar puertas.
Artículos puntuales que hay que conocer
La ley establece que el certificado de acreditación que oficializa la declaración de interés cultural es elaborado en colaboración técnica con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a los fines de garantizar la seguridad y valor de circulación de dicho documento (Art. 25).
En el Artículo 26, la ley dice que los proyectos declarados de interés cultural serán ejecutados dentro de un plazo no mayor de dos años, contados desde la asignación y desembolso de los fondos, sean estos provenientes del sector público, privado o de la cooperación internacional, o bien del Fondo Solidario de la Cultura (Fosac).
