La sociedad dominicana está no solo consternada sino acongojada por las aciagas noticias de los episodios recientes en que mujeres han caído víctimas de la inseguridad, muy especialmente por la muerte de una de ellas mientras conducía niños a la escuela en un sector residencial de clase media de esta ciudad, impactada por una bala que disparó un ex raso de la Fuerza Aérea intentando detener a los atracadores de otra mujer que huían en una motocicleta.
Ante una tragedia de esta magnitud en la que se perdió una vida muy valiosa según testimonian sus familiares, amigos y compañeros de comunidad parroquial, su esposo e hijas han dado una invaluable demostración de fe, perdón y misericordia al decidir no solo no perseguir al autor de los hechos, sino al extenderle su perdón y solidarizarse con el dolor de su familia, al tiempo que hacen una exhortación a que reflexionemos sobre qué está pasando en nuestro país.
Este lamentable hecho pone en evidencia muchas de las aristas del problema de seguridad en nuestro país: los atracos se pueden dar a cualquier hora, incluso a la luz del día, en cualquier sector, con preferencia incluso en el polígono central de la ciudad, la generalidad de los mismos se cometen por personas que se transportan en motocicletas generalmente sin matrícula, en la mayoría de los casos los atracadores son personas con historial delictivo que reinciden en la comisión de delitos siendo muchas veces militares o ex militares, existe un gran número de personas que portan armas incluso poderosas, como sucedió en este caso en que un solo proyectil acabó con una valiosa vida.
Detrás de todas ellas hay una falta de acción de las autoridades, y lo peor de todo es que las mismas han preferido asumir una actitud de negación tratando de convencernos de que el aumento de la inseguridad es tan solo una percepción, sin darse cuenta de que independientemente de las estadísticas que manejen, percepción es realidad.
Parecería que no hay un plan definido y articulado para atacar la criminalidad, pues es sorprendente que ni siquiera en espacios relativamente pequeños como el nuevo centro de la capital, las autoridades hayan sido capaces de controlar la situación y evitar los continuos atracos.
Ante la sensación de desprotección, ya no es sorprendente enterarse que un supuesto autor de un delito sea linchado por testigos de los hechos, algo muy reprobable, como tampoco que personas intenten atrapar a delincuentes utilizando armas y a veces produciendo desgracias.
Si a la desconfianza justificada en la autoridad que está llamada a poner el orden, ya que constantemente sus miembros o ex miembros son autores y cómplices de delitos, y en la justicia por la mala instrumentación de expedientes, la lentitud y la debilidad de fallos, le sumamos los altos niveles de corrupción de políticos y autoridades agravados por la innegable impunidad, fuerza concluir que las condiciones son críticas y deben ser tratadas como tal.
La inseguridad, la violencia, los delitos tienen múltiples causas, pero es una constante que el desempleo, la debilidad de las instituciones policiales y judiciales, el tráfico y consumo de drogas estén siempre asociadas a un aumento de las mismas.
La dolorosa muerte de Delcy y la lección que ha dado a la sociedad su familia deben ser el grito desesperado que no solamente conmueva, sino que mueva definitivamente a las autoridades no solo a tomar acciones sino a comprender la trascendencia de la corrupción y la impunidad en la descomposición social y a prestar oídos a los reclamos de una sociedad que generalmente se manifiesta poco, pero que cuando lo hace como lo está haciendo, hay que escucharla.
