Más que nunca existe conciencia del altísimo riesgo que representa para cualquier democracia y mucho más para una con débil institucionalidad como la nuestra, el financiamiento de campañas políticas y por ende la incidencia en la elección de autoridades, por dinero sucio proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas o aun por dinero limpio dado sin control.
Tenemos más de una década posponiendo la aprobación de una ley de partidos que, entre otras cosas, regule el financiamiento y el costo de las campañas electorales y parecería que ha llegado el momento de que finalmente estemos en la antesala de su aprobación, ante la cruda evidencia de los hechos de que no solo el narco sino personas extranjeras a quienes les está prohibido aportar, hayan financiado campañas.
La regulación del financiamiento de los partidos inició a finales del siglo XIX en Inglaterra y a pesar de sus avances en distintas partes del mundo, la principal lección aprendida es que las leyes por si solas no constituyen una panacea por la marcada tendencia que ha habido a violentar los controles mediante todo tipo de subterfugios.
Por eso debemos estar conscientes de que no se trata simplemente de aprobar cualquier ley de partidos, pues tan malo es no tenerla como aprobar una que resulte ineficaz, pues su incumplimiento solo contribuirá a ahondar la frustración y la desconfianza ciudadana, lo que deslegitimaría los procesos electorales y socavaría aun más nuestra democracia.
El dinero es consustancial a las campañas políticas y por eso la principal preocupación de los partidos y sus candidatos es recaudar los fondos para satisfacer las insaciables necesidades de procesos llevados a cabo fuera de todo límite razonable.
Y esto es lo primero que debemos tener claro, el financiamiento público, privado o mixto siempre será necesario para el sistema político, los topes y controles tanto de las contribuciones como de los gastos aunque son importantes siempre podrán ser vulnerados si el tiempo de las campañas mismas así como de la colocación de publicidades no es limitado con rigurosidad; pues la política es competencia y el dinero es un arma poderosa para ganarla.
La duración de las precampañas y campañas es precisamente uno de los aspectos que la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de partidos no ha podido consensuar, y es fundamental que se entienda que el principal reto que tenemos es desmontar el astronómico costo de nuestras campañas, que ha hecho no solo que algunos candidatos estén dispuestos a tomar cualquier dinero que llegue a sus manos, sino que se abuse de los recursos del Estado provocando alarmantes déficits fiscales y haciendo que el dinero pese más que el agua, decidiendo quien gana sin importar de quien se trata.
Y esto se agrava en un país en el que el peso de la economía informal y subterránea es tan alto, pues el dinero que se da en efectivo por debajo de la mesa, estaría fuera de los registros y probablemente sería muy difícil probar su recepción.
Igualmente debemos estar claros de que de nada servirá establecer límites de gastos y tiempo así como normas que promuevan la información y transparencia, si no contamos con unas autoridades electorales que gocen no solo de los instrumentos para sancionar las violaciones, sino de la credibilidad e independencia para imponer las sanciones, así como de un personal competente para fiscalizar y detectar irregularidades. El riesgo de seguir teniendo campañas cada vez más costosas es que cualquier dinero será aceptado con tal de ganar la contienda, por eso debemos tener una buena ley que imponga límites a los gastos, las contribuciones y los tiempos, y sancione efectivamente el incumplimiento de los mismos, haciendo así que disminuya el alto y peligroso costo de lograr una elección.
