La opinión pública nacional está estremecida por el escándalo del contrato de venta suscrito por CORDE con la empresa TITULATEC para venderle nada más y nada menos que el barrio capitalino de los Tres Brazos, y aunque en medio de la crispación general actual por el tema de la corrupción el gobierno se movió diligentemente para designar una comisión de investigación y que la misma inusitadamente presentó sus recomendaciones oportunamente, este tema debe generar un análisis mucho más profundo.
Y es que lo acontecido con esta operación en la que el Estado real y efectivamente según se informa apenas recibió la pírrica suma de menos de 3.5 millones de pesos de un precio total de 80 millones que ya de por sí era cuestionable, pone de manifiesto lo que sucede a diario con una gran parte de los contratos que suscriben funcionarios en nombre de sus instituciones, que el Estado dominicano no tiene quien lo defienda pues los funcionarios buscan su propio enriquecimiento y el de sus socios y no beneficiar al Estado.
En contadas ocasiones estos casos trascienden y se revelan al público en general, pero es una penosa constante que cada vez que se tiene la oportunidad de revisar operaciones realizadas por instituciones públicas, en un elevado porcentaje las mismas revelan que los intereses del Estado y por tanto los del país estuvieron desprotegidos por malos funcionarios que realizan operaciones en total perjuicio del interés público que están llamados a defender.
Y esto no tiene que ver con que el Estado tenga peores asesores que aquellos con quienes contratan, por el contrario muchas veces sus asesores están injustificadamente mejor pagados que los de la contraparte, la diferencia es que generalmente los primeros no son seleccionados por sus competencias sino por la cercanía con el funcionario para que actúen garantizando sus intereses y no los de la institución de que se trate, y los segundos defenderán con empeño los intereses de sus representados.
Así hemos visto cómo se venden a precios ridículos bienes del Estado por instituciones que ya no cumplen ninguna función como CORDE o el CEA y que se han convertido en meras fuentes de empleo y prebendas para políticos del partido de gobierno y sus aliados; cómo se subcontrata la prestación de servicios que deben dar instituciones bajo condiciones no solamente onerosas sino sin garantías efectivas de que los servicios serán prestados con eficiencia y calidad para lucrar funcionarios; cómo se contratan asesores por sumas que en ocasiones son mucho más altas que las de los asesores de la contraparte privada y sin que siquiera esto tenga que ver con un tema de competencias sino de desviar recursos para enriquecimientos ilícitos; cómo se pierden casos judiciales porque simplemente el Estado tuvo una mala defensa o peor aún no tuvo ninguna y cómo se transan casos en condiciones totalmente desventajosas para el Estado sin que siquiera existan justificaciones para realizar una transacción aunque fuese buena.
El Estado dominicano ha estado generalmente mal representado por funcionarios que sin ningún rubor suscriben los mas dolosos acuerdos, con la tranquilidad que les da que la impunidad ha sido la regla y las consecuencias la excepción.
Por eso no basta con que se revoque la operación de los Tres Brazos como se hizo con la de Bahía de las Águilas, tiene que haber sanciones para los funcionarios que cometieron esos fraudes y faltaron a su deber, y tiene que llegar el día en que esos malos contratos suscritos por malos funcionarios sean rigurosamente revisados y el Estado, como le permite el Derecho Administrativo, venga sobre sus propios actos, no solo enderezando irregularidades sino imponiendo las sanciones correspondientes a quienes las cometieron.
