Si algo queda claro del actual proceso de selección de los 4 jueces que llenarán las vacantes que se han producido en la Suprema Corte de Justicia y de los titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE), es que el mismo se ha llevado a cabo con demasiada prisa.
Solo porque ya se rumoraba que ese sería el caso algunas instituciones pudieron prepararse para actuar con la celeridad requerida presentando sus propuestas de modificaciones al reglamento en el breve plazo otorgado de apenas 10 días calendario, a pesar de que la propia publicación señalaba debían ser hábiles.
Si bien muchas propuestas no fueron acogidas el concepto de las mismas lo fue, que era el que se hiciera un proceso en el que la totalidad de las postulaciones recibidas fueran depuradas y se publicara una lista de preseleccionados, para que las entrevistas y la elección se concentraran en estos y que se diera la oportunidad de formular objeciones. Esto así porque no es lo mismo entrevistar y analizar los expedientes de la totalidad de postulados, en este caso fueron 183, que a 83, total de los preseleccionados, número que podría reducirse de acogerse reparos.
La presentación de candidatos por instituciones demostró ser muy conveniente, pues habiéndose reunido la comisión especial del Consejo de la Magistratura apenas un día para revisar 169 expedientes de candidatos que completaron el formulario de postulación, es evidente que no pudo hacer una verdadera revisión y que el aval de las entidades postulantes contribuyó a que los preseleccionados no fueran solo los que simpatizaran a los miembros de dicho Consejo.
La carrera judicial ha demostrado nuevamente ser el mejor instrumento para sanear la justicia, pues los jueces hablan por sus sentencias y su historial es público, y aunque en la misma como en todo en la vida hay buenos y malos, aunque esta calificación puede variar dependiendo de quien la haga; siempre habrá personas respecto de las cuales la calificación de excelencia no genere dudas, y esas son precisamente las que necesitamos para integrar nuestra Suprema, y dentro de éstas aquellas que puedan fortalecer las áreas que así lo requieren, como es actualmente la civil y la inmobiliaria.
Lamentablemente para el TSE no solo no hay carrera, sino que existe la posibilidad de reelección, y peor aún, los aspirantes a ser reelectos no serán sometidos a un proceso de evaluación similar al de los jueces de la Suprema, aunque fue propuesto.
Si algo debe estar claro es que un Tribunal que está llamado a resolver conflictos electorales e internos de los partidos, algunos de los cuales provocan incluso cismas, debe tener la credibilidad y confianza requeridas, así como gozar de la aceptación de sus principales usuarios, los partidos. Por eso la sola objeción hecha contra los actuales miembros por el Bloque Opositor debe descartarlos de la selección final, como también debe descartar candidatos que de manera fundamentada sean sindicados de parciales.
Más que nunca se requiere de una justicia independiente, capaz e imparcial, el caso ODEBRECHT ha demostrado nuevamente cuán valioso es un juez que goce de solvencia moral e intelectual y cuan dañino puede ser un juez o un ministerio público que se sospeche responda más a la política que al rigor de la ley y el Derecho.
No se trata de elegir a prisa para asegurar los candidatos de la mayoría de turno, se trata de elegir no solo a los mejores, sino a los que con su credibilidad y méritos fortalezcan la confianza en un sistema judicial debilitado al que algunos solo le prestan atención cuando les toca estar bajo su égida y una justicia electoral que de tranquilidad a todos por la integridad e imparcialidad de sus miembros, y no solo a quienes coloquen allí sus fichas.