Nuestra sociedad está justificadamente indignada como también lo están las de los demás países de Latinoamérica en los que ODEBRECHT confesó haber llevado a cabo sus muy eficaces prácticas corruptas para convertirse en la empresa constructora favorita de todos esos gobiernos.
Por eso han surgido iniciativas de marchas a nivel nacional reclamando investigaciones responsables y el cese de la impunidad que son no solo justas, sino también necesarias para provocar una transformación positiva y detener un círculo vicioso de corrupción que al final atentaría contra todos, incluso contra aquellos que han sido actores o cómplices por acción u omisión de la misma.
Nadie sensato debería cuestionar el derecho de los ciudadanos a exigir que se hagan investigaciones serias, profundas y responsables que culminen en los debidos procesos y castigo a los culpables; pero al mismo tiempo teniendo en las manos la justeza de las exigencias, las evidencias de las declaraciones de la propia empresa imputada y otras que seguirán saliendo a la luz pública, sería un grave error demeritar lo bien fundado de los reclamos por perder la ecuanimidad.
Decimos esto porque se avizoran en el panorama posiciones extremas que pueden ser muy perjudiciales tanto del lado de los reclamantes como de las autoridades, pues por una parte algunos representantes de la oposición quizás de manera irreflexiva han planteado medidas públicamente que si bien son parte de nuestra normativa constitucional no se corresponden con los hechos al momento presente, y por otra parte funcionarios del gobierno muestran desesperación e intolerancia, lo que les hace ver más molinos de viento contra quienes luchar que el propio Don Quijote de la Mancha.
Las crisis generan oportunidades y probablemente a la vuelta de unos años el caso ODEBRECHT en adición a los miles de millones de dólares perdidos en sobornos, sobrevaluaciones de obras y enriquecimiento ilícito en los países en que operó su trama, gracias a la gran sacudida provocada en cada uno de los mismos habrá marcado un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la transparencia de las contrataciones públicas; pues por más que se pretenda apañar las cosas lo que aconteció es gravísimo y no podrá pasar por debajo de la mesa.
Y así deben verlo nuestras autoridades, sobre todo aquellas que se sienten ajenas de culpas, pues al final este caso colocará en su justo contexto a cada quien y servirá no solo de profilaxis para la sociedad sino también a lo interno de los partidos en cuyos gobiernos se ejecutaron las obras.
La discusión de la nueva ley electoral, del proyecto de ley de partidos, de la nueva ley de compras y contrataciones, de la modificación a la ley de lavado de activos, entre otras reformas en el tapete, tendrán una perspectiva diferente a la luz de las incidencias de este caso.
Pero si queremos que las consecuencias de este bochornoso caso se transformen en oportunidades de mejoría todos debemos cuidarnos de los extremos que generalmente son nocivos, tanto los representantes de los movimientos sociales y líderes de la oposición para no transitar el camino equivocado de acciones extremas que no solo podrían ser imprudentes o extemporáneas sino que pudieran demeritar sus justos reclamos, como las autoridades, las cuales no deben cometer el yerro de pretender tapar el sol con un dedo y de convertirse en caza fantasmas viendo enemigos que atentan contra sus intereses en todas partes.
Mantengamos la sensatez, valoremos la importancia del momento y sepamos abrir los ojos y el entendimiento para internalizar que estamos frente a una situación sin precedentes que marcará el futuro del país lo queramos o no, y depende de todos que sea para bien, tanto de las autoridades como de la sociedad.
