Durante el verano de 1965, un grupúsculo de profesionales de las nuevas tecnológicas que desde la CFI había promovido Manuel de Jesús Tavares Espaillat, primer encuentro de pioneros de cambios estructurales para el país, sostenía cada tarde, sin agenda, reuniones para discutir temas libres sobre el futuro de nuestra sociedad. Todos habíamos sido educados ignorantes de los problemas sociales y humanos durante la dictadura, y talvez ese valioso tiempo vespertino había sido premio que la UCMM nos regalaba para que nosotros mismos completásemos nuestra educación.
Siempre elegíamos temas sobre los cuales ninguno del grupo tenía estudios ni lecturas importantes, ni tampoco referencia tecnológica. Era norma que la temática tratara sobre asuntos de justicia social y del ejercicio de la libertad individual. En uno de los primeros coloquios discutimos sobre el significado de la palabra justo, y aunque no hubo consenso, quedó en el aire la percepción de que justo es todo cuanto sea congruente con los intereses de la clase dominante.
Entonces no estuve entre quienes aceptaron tal concepto, por pensar que lo justo debería definirlo un árbitro mediante una sentencia tal que judicial, con base normativa como los códices éticos, los legislativos, o los manuales que prescriben conductas o resultados; es decir, tal como la decisión de un juez que se funda en códigos y leyes.
Pero en esta republiqueta, como la llama uno de mis queridos amigos, la PN, que debe ser instrumento del Poder Judicial, cree tener autoridad por encima de la Constitución, sobre los poderes e instancias del Estado, para que no solo su jefe haga lo que le da la gana, sino también sus agentes y oficiales. Y ese tipo de actitud es la del autoritarismo propio de dictadores, no del debido respeto al ciudadano.
No estoy de acuerdo con la existencia de entidad policial nacional de ningún sitio, aunque se llame FBI, Scotland Yard, o use otra sigla famosa. Tampoco con la construcción de archivos personales por sospechas de las autoridades policiales, por encima de decisiones judiciales cuando alguien, jefe, oficial, o agente, decida averiguar sobre la vida privada suya. Mucho menos con que a usted, por sus creencias, se le califique como ente de riesgo y se le vigile como criminal en potencia, o se construyan archivos contingentes sobre usted. Menos aun que se detenga sin orden judicial a un transeúnte, o a grupo que conversa en alguna plaza para chantajearlos a cambio de devolverles la libertad.
Creo aberrante que una entidad ejecutiva se sienta con le obligación de detener en una vía de cualquiera comunidad a una persona porque su físico le luzca sospechoso, rechazo que tenga autoridad para meterla en un vagón para deportarla, pues es ese gorila quien viola principios legales. Tal clase de animal no puede administrar una función consagrada como derecho humano en nuestra Constitución. No es procurador, ni fiscal, ni juez. Pero es él quien deporta y encarcela, porque cree tener autoridad por encima del Poder Judicial y que la Constitución le entrega poder para hacerlo. Y ese ilegal ejercicio de la autoridad no solo produce injusticias. También produce dineros para el zoológico.
