Quienes hemos observado durante años el quehacer delictivo en la República Dominicana percibimos un alza sostenida de tal actividad, que a todos preocupa. Es refrescante enterarse que las instituciones de represión del país coincidan con la ciudadanía alarmándose y hayan decidido iniciar pasos para mejorar la seguridad ciudadana. Empero, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son parte del Poder Judicial, al que corresponde la aplicación de Ley, no son fiscales al servicio del Poder Ejecutivo, tampoco legisladores que validan las peticiones de declaración de guerra patria del Presidente de la República.
En los operativos conjuntos ya en vigor hoy, 01/04/2017, se anuncia “la presencia en las calles de unos 7 mil efectivos militares y policiales”, así como de que “además serán integradas las unidades tácticas del cuerpo del orden, incluyendo a los denominados Lince, Swat, y los agentes conocidos como Topos.” Esa integración de agencias de investigación y de fuerza han de usar como principal instrumento … “el mapeo delictivo realizado por la institución … (porque -paréntesis mío) … la mayoría de los hechos delictivos son cometidos por desaprensivos que se transportan en motocicletas, principalmente cuando transitan con más de una persona.” Asimismo se explica que “en el patrullaje se incluirán todas las unidades élites de las Fuerzas Armadas, (y) … también se integrarán tres unidades élites que realizaban otras funciones a lo interno”. El propósito de todo este aparataje es dar “ … una respuesta contundente al crimen y al delito que mantiene en zozobra a la población.”
Nuestra Constitución y nuestros Códigos Judiciales, de los que ningún ciudadano dominicano puede legalmente declararse ignorante, contemplan derechos y libertades fundamentales bien explícitas. Entre esos derechos y libertades, está la que manda a las autoridades a dar trato igual a todos, ya que, según nuestra Constitución, … “todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Los jueces y el ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias.” Mucho menos que un supuesto auxiliar de la justicia defina como sospechoso de crimen cometido o todavía por cometerse a alguien definido como sospechoso por montar una bicicleta motorizada.
La lectura de las reseñas periodísticas sobre la campaña en ejecución contra los delincuentes escogidos por las instituciones de defensa y policía dominicanas solo muestra sus sesgos de autoritarismo, así como sus posibles frustraciones de la incapacidad histórica de las instituciones que comandan para cumplir efectivamente el rol que la sociedad dominicana les ha entregado honrosamente a través de nuestra historia republicana. La falta de efectividad en el cumplimiento de rol no se combate ni con definiciones discriminatorias ni con el ejercicio del autoritarismo, ni con la delegación de autoridad no justificada al subalterno.
