No cabe duda de que estamos viviendo momentos convulsos en el mundo y que las conexiones ilícitas han desarrollado un tejido de corrupción y lavado internacional, que ha permitido a empresas de países como España y Brasil no solo beneficiarse de contratos de obra y servicios muy rentables, sino incidir en el quehacer político de sus países y de aquellos en los que logran extender sus tentáculos.
Así como se expandió una red de corrupción mediante sobornos a funcionarios clave en las contrataciones o contribuciones a candidatos o presidentes en distintos países de Latinoamérica, el efecto de su destape y de la apertura de procesos de investigación y juicios, forzosamente tiene una repercusión en la cadena de los negocios ilícitos.
Y esto ha colocado a nuestras autoridades en una posición incómoda, pues ante la contundencia de las imputaciones y datos divulgados, así como de las acciones tomadas en otros países, no basta que la fábrica de comunicaciones trate de hacer creer que todo está muy bien, porque ahora tienen que lidiar con un invitado sorpresa que no tienen los medios de controlar, la información que emana de procesos judiciales en el extranjero.
Y no se trata solamente del caso Odebrecht, algunos ya han sido denunciados en el marco de procesos de investigación en España y, otros se han develado aquí sin que haya sucedido nada o únicamente la destitución del funcionario, sin que un proceso haya sido abierto y son muchos más los que no se conocen y los responsables andan circulando impunemente.
Toda crisis genera una oportunidad y en vez del gobierno dedicar todas sus energías en contrarrestar las imputaciones o demeritar a los que reclaman, debería saber leer el mensaje y comprender que la corrupción y la impunidad han provocado un grave enfado y que si bien no desaparecerán por completo, allá como aquí en este momento se están esperando señales claras de que se atacarán.
Sin embargo, no se percibe que se entienda así, pues se pretende seguir como si nada estuviera pasando y los ánimos no están para eso. Por esto ha causado tanto revuelo el proyecto de ley sobre lavado de activos que impulsó el Poder Ejecutivo y aprobó el Senado, pues es una reiteración más de que con tal del gobierno cumplir sus propósitos como el de pasar la evaluación que permitirá al país seguir teniendo acceso al financiamiento y no ser penalizado, se está dispuesto a apurar su aprobación cargando todo el peso sobre los mismos y protegiendo a los de siempre.
Muchos siguen aferrados al modelo que tanto los ha beneficiado sin darse cuenta de que será insostenible, como no son inagotables la capacidad de endeudamiento que les ha permitido instaurar un entramado clientelar y la tolerancia de una sociedad que ha llegado al hartazgo.
Al mismo tiempo se lanzan balones de ensayo a ver cómo reacciona la opinión pública y se utilizan voceros para intentar convencer de las posiciones que tiene el gobierno en distintos temas, como el de la selección de los jueces de las Altas Cortes por el Consejo de la Magistratura, proceso que le conviene al Presidente sea lo más cercano a la transparencia e idoneidad, dejando de lado aferrarse el secretismo y la repartición, pues sería peligroso tener jueces complacientes pero que no gocen de credibilidad para hacer frente a las delicadas imputaciones que más tarde o temprano tendrán que realizarse.
Esperemos que nuestras autoridades entiendan la complejidad del momento y no sigan jugando a mover las mismas fichas, pues no solo corren el riesgo de un efecto dominó que las desplome, sino de un billete premiado que no sea deseable para ellas o peor aun para nadie.
